La SIP traza plan de acción en Nicaragua

martes, abril 19, 2022

La Declaración sobre Nicaragua se dio a conocer durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. El plan contempla la liberación de los presos políticos, la devolución de los medios confiscados, el retorno de medios y periodistas en el exilio

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Un total de 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa se sumaron hoy a una voz en contra de la dictadura de Nicaragua. Las entidades plantearon un plan de acción conjunto para trabajar en pro de una Nicaragua democrática y con plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa.

La Declaración sobre Nicaragua fue dada a conocer durante la Reunión de Medio Año de la SIP, que se realiza del 19 al 21 de abril de forma virtual.

Ante la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua, las organizaciones firmantes se comprometen a seguir un plan de acción que permita restaurar las libertades de prensa y expresión, como garantías esenciales para restablecer la democracia.

La crisis institucional y social de Nicaragua se agravó a partir de abril de 2018, cuando fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía Nacional y grupos paramilitares.

Después de ahogar en sangre las multitudinarias protestas civiles contra su gobierno, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue endureciendo su postura, ante los reclamos y las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Desde entonces, a través de una maquinaria legal que incluyó sendas leyes sobre Agentes Extranjeros, Delitos Cibernéticos y Soberanía de los Pueblos, el gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación.

Hoy se calcula en más de 170 los presos políticos, entre ellos la precandidata presidencial a las elecciones de noviembre de 2021, Cristiana Chamorro, y Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente.

Luego de encarcelar a todos los aspirantes a las elecciones de 2021, Ortega se declaró vencedor con más del 75 % de los votos, en un proceso con 80 % de abstención, y a partir de entonces mantiene una línea férrea de represión y terror contra cualquier expresión de crítica o disidencia.

Uno de los peores ataques a la prensa ocurrió en agosto de 2021, con la toma militar y el cierre de las instalaciones de La Prensa y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Como en todos los juicios contra disidentes realizados a puerta cerrada, Holmann fue sentenciado a nueve años de prisión por falsos delitos y sin el debido proceso judicial. La sentencia judicial ordena además la custodia policial de los bienes de La Prensa, lo que equivale a una confiscación ilegal y es una violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua.

Previamente, Confidencial, uno de los medios con mayor audiencia en el país, fue obligado a suspender operaciones y trasladarse a Costa Rica, donde se exiliaron más de 120 periodistas en los últimos tres años. Otro medio independiente, Radio Darío, con sede en León, fue reducido a cenizas por simpatizantes del gobierno que incendiaron sus instalaciones en 2018.

Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza cumplen desde febrero condenas de 13 y nueve años, respectivamente. El comentarista televisivo Jaime Arellano también recibió sentencia de 13 años.

A pesar de las sanciones políticas y económicas de nivel internacional que buscan la apertura del país, el régimen continúa cerrándose. Por ejemplo, inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó la presencia de observadores internacionales en las elecciones y, recientemente, expulsó a la Cruz Roja Internacional y al nuncio apostólico del Vaticano.

Ante esta realidad, las organizaciones aquí firmantes expresan su compromiso de trabajar en el siguiente plan de acción que permita a los nicaragüenses cumplir con sus aspiraciones de vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un Estado de derecho.

¿De qué trata el plan de acción?

En primer lugar, se solicita a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.

Exigir, mediante una campaña de prensa y en pedidos ante las embajadas de cada país, que el gobierno de Nicaragua libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

Animar a los gobiernos receptores del éxodo de periodistas nicaragüenses a que lo sigan haciendo y exhortar a otros gobiernos que los acojan y les ofrezcan cooperación humanitaria, tecnológica y económica para que puedan seguir informando desde el exilio.

Gestionar ante gobiernos de terceros países la agilización de trámites para el otorgamiento de visas de trabajo humanitarias a periodistas perseguidos por el régimen.

Realizar campañas de promoción a través de los medios y las redes sociales para impulsar donaciones, membresías y suscripciones destinadas a apoyar la viabilidad de medios independientes nicaragüenses dentro y fuera del país.

Gestionar ante startups y empresas tecnológicas que provean a los medios independientes nicaragüenses servicios más asequibles.

Impulsar un debate con agencias de noticias y medios de comunicación internacionales con el objetivo de que se mantenga una cobertura periodística profunda sobre Nicaragua, para que el tema permanezca en la agenda pública global.

Apoyar campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa, como lo hicieron el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, y el asesor del gobierno ante la Corte Internacional de Nicaragua, Paul Reichler.

Pedir a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abran espacios amplios de debate para definir acciones que permitan restaurar la democracia y la plena vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales.

Exhortar a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, en medio del clima de confrontación internacional por la invasión a Ucrania, a que no disipen el interés por Nicaragua y busquen con firmeza senderos para presionar al régimen Ortega-Murillo a favor de la paz y la democracia.

Las organizaciones firmantes del documento son: