Mientras Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), anunciaba que firmó el pedido para extraditar a Rafael Correa desde Bélgica, cuyo trámite debía continuar a través de la Cancillería de Ecuador, casi a la par el abogado del expresidente indicaba que ese país le concedió asilo político.
La providencia del presidente de la CNJ se fundamenta en que contra Correa hay una sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho, derivada del caso Sobornos 2021-2016, condena de ocho años de prisión, ratificada por la Sala Penal de la CNJ, a través de 10 jueces.
Su pedido de extradición se basó en un tratado con Bélgica suscrito el 28 de mayo de 1887 y por el Convenio Internacional Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Esto en realidad preocupa, primero: ¿por qué se demoró tanto en solicitarla?, si la ley establece que se lo puede hacer cuando hay sentencia condenatoria y Correa la tiene.
Segundo y más grave todavía es que Correa haya tenido un asilo. En una resolución del 19 de abril del 2022, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que le otorga el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.
¿Por qué el Ecuador no sabía de este asilo?, ¿en donde está el canciller?, se ha señalado que se ha programado una nueva política internacional, pero el canciller no se entera de que Bélgica le ha concedido asilo a Correa, lo cual es muy grave porque al pedir el asilo, el proceso incluye a las dos partes: la que lo solicita y la que, supuestamente, lo persigue. La institución de la extradición es muy clara y se dedica o se aplica con relación a los delitos comunes no a los delitos políticos, para esta última es el asilo. Si Bélgica le concedió a Rafael Correa el asilo es difícil que se efectúe la extradición, porque son dos cosas distintas. Si ese país cree que el expresidente es un perseguido político, cómo aceptará un pedido en el cual se indica que es un delincuente común.
Es lamentable que el canciller no se haya enterado que el señor Correa tiene asilo, con todo lo que ello implica; es decir, que no puede salir de Bélgica porque de hacerlo pierde la protección del asilo, de acuerdo con esos tratados, tampoco puede emitir opiniones políticas ni en Bélgica ni en Ecuador sobre el país. De hacerlo el Ecuador podría presentar una queja; sin embargo, en este punto es incierta la protección que tiene.
Todo proceso de asilo es complicado y para sustentarlo se requieren pruebas. Y aquí está lo interesante, saber que probó Correa y qué presentó el Estado ecuatoriano. La concesión de un asilo es un proceso público no privado y si el Ecuador no sabía del proceso, se generan muchas dudas. ¿Por qué no se enteró la cancillería de este pedido?, ¿qué pasó con el embajador de Ecuador en Bélgica?
En el ámbito internacional la imagen del Ecuador se deteriora, porque se asume que Rafael Correa es un perseguido político, aunque no sea así. El canciller es quien tiene que explicar al respecto.
Lo que estamos viviendo es un pandemónium y quienes deben dar respuestas son el presidente de la Corte Nacional de Justicia ¿por qué se demoró tanto en solicitar la extradición? y el canciller sobre ¿qué pasó en Bélgica? Necesitamos explicaciones, en un país donde cada día hay una noticia peor que la otra.
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