La frontera, el Talón de Aquiles, para el control del narcotráfico

martes, septiembre 14, 2021

Ante el debilitamiento del Estado, las matanzas y las disputas por controlar el territorio y el negocio del narcotráfico, se han traslado de las cárceles, al conjunto de la sociedad, con el aumento sustancial de los casos de sicariato y de violencia en toda la región

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Como se previó, a comienzos de este siglo, por el conjunto de políticas que se aplicaban en Colombia y sus efectos en México y en Perú, se transformó e incrementó sustancialmente la amenaza transnacional asociada al narcotráfico y al lavado de dinero, con todos los efectos destructores que esto genera, en la región andina. Si a ello se suma, la posición geográfica del Ecuador y sus características físicas, el país se convierte en un lugar estratégico para la operación de las redes internacionales que manejan estas actividades.

Por ello, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 157, con el que se declara Área reservada militar de Defensa a los cerros Montecristi y San Isidro, en Manabí. El objetivo es controlar un área que es utilizada para actividades ligadas al narcotráfico.

El Ecuador ha dejado de ser un país meramente de paso de la droga y se ha convertido en un centro de procesamiento y de distribución a escala internacional. A nivel interno también se incrementó la distribución y el consumo de estupefacientes; así lo evidencian las reiteradas capturas que se registran en el país. Cabe recordar que entidades gubernamentales y el sistema de Naciones Unidas, consideran que la droga aprehendida en cualquier nación del mundo corresponde máximo a una quinta parte del flujo total real.

Esta se constituye además en una amenaza híbrida, porque los canales asociados al narcotráfico penetran en las instituciones policiales, en el ejército, en la justicia y en el aparato político a todo nivel, ocasionando un incremento del consumo, el deterioro de la calidad institucional y de la política pública.  La pandemia, con la paralización económica y el cierre de actividades que provocó, ha generado un incremento sustancial en los niveles de desempleo en el Ecuador y en los países vecinos, ampliando las posibilidades de incidencia de los grupos ilegales asociados al narcotráfico con sus secuelas de violencia.

La constatación de estas tendencias impulsa al Gobierno a  prestar mayor atención al combate contra esas redes. En tal sentido, la colocación de dos radares en la provincia de Manabí debería ser un elemento  de una política integral contra el narcotráfico, no solo a nivel doméstico sino también a nivel regional, puesto que se trata de una amenazo global y regional.

Un punto central que cabe superar es la politización y polarización del debate en el país y, particularmente, en la región lo cual impide ver tres aspectos cruciales. Primero, el combate al narcotráfico solo puede lograr resultados exitosos con una política integral que incorpore la vigilancia y se complemente con políticas sociales, que incluyan el impulso a la generación de empleo, a nivel doméstico.

Segundo, a estas alturas del siglo XXI es claro que una amenaza de carácter transnacional, como el delito del narcotráfico y sus flujos asociados, no puede ser enfrentada de forma aislada, sino con políticas de carácter global o regional.

Tercero, se deben buscar medidas innovadoras que permitan un combate efectivo. La política exclusivamente represiva del flujo y comercio de estupefacientes, así como del lavado de dinero, han sido un fracaso total en todos los países en los que se ha aplicado, porque no se ataca la raíz del problema. Es vital examinar, con suficiente apertura, un tema como la legalización, tal como lo han hecho otros países, lo cual dejaría sin bases de operación a este enorme negocio global. Esto exige decisiones que deben ser adoptadas, simultáneamente, por todos o una mayoría de los países de la región y mejor aún a nivel global.

Una constatación evidente planteada por  las autoridades estatales, no sólo del Ecuador, sino de la región, es la capacidad económica y el uso de tecnología de punta por parte de las redes internacionales del delito, que van muy por delante de la capacidad que tienen los  Estados. Permanentemente, se actualizan y aplican nuevas formas, medios y procesos, para lograr su objetivo.

El año pasado a nivel internacional se evidenció que, incluso, los canales financieros legales han participado activamente en el proceso de lavado de dinero y varios bancos europeos fueron sancionados. En consecuencia, colocar un par de radares va a servir para bloquear algunos flujos por las zonas cubiertas, pero los actores involucrados simplemente cambiarán de rutas o buscarán otros mecanismos. No se trata de una medida o de una política que pueda enfrentar adecuadamente estos procesos delictivos multidimensionales, concentrándose sólo en la perspectiva de vigilancia y sanción; es indispensable una política integral de alcance mucho mayor.

La vigilancia y control de las fronteras marítimas y terrestres es crucial, puesto que una de las vulnerabilidades más grandes del Ecuador, son los más de 500 km de frontera compartida con una de las principales potencias de producción y exportación de narcóticos como  Colombia; y, en el sur, el problema es también muy importante. La frontera es uno de los talones de Aquiles, por la imposibilidad física y material de controlar efectivamente, a ello se suman los flujos marítimos que también son utilizados cada vez en mayor número. El país no cuenta con los suficientes recursos económicos que le permitan dotarse de tecnología para vigilar completamente esas fronteras.

El problema del narcotráfico y la amenaza regional evidencia una diversidad de actores que mutan y reformulan sus estrategias, ya sea con el desplazamiento territorial, los carteles colombianos migran hacia México y luego emprenden una diversificación fundamental. Esos actores tienen presencia en todos los países en los que el negocio opera, de forma diferenciada, de acuerdo al rol que cumple cada una de esas regiones. Varios miembros de los carteles que son capturados están en las cárceles y en muchas ocasiones se enfrentan por tomar el control de las mismas.

Ante el debilitamiento del Estado, las matanzas y las disputas por controlar el territorio y el negocio, se han traslado de las cárceles al conjunto de la sociedad, con el aumento sustancial de los casos de sicariato y de violencia en toda la región.

Las lecciones que deja este tema, incluyendo la confrontación y la politización que ha surgido en torno a la colocación de un par de radares, muestra los problemas que acarrea estructuralmente la toma de decisiones de la política pública; en particular cuando sus medidas y objetivos no se socializan, no se comunica, ni se hace partícipes a los diversos actores de la sociedad.  La región en la que se colocarán los radares es un área protegida reconocida como tal, por el Estado, desde 1996. Estas redes del delito penetran en todas las áreas de la sociedad y pueden infiltrarse también en las movilizaciones de cualquier sector poblacional. Por eso es indispensable que los estados mejoren la calidad de la comunicación, de la sociabilización y de la legitimación de las propuestas políticas, para evitar la polarización y politización de las medidas que se adopten; y, sobre todo, situarlas dentro de una lógica de conjunto integral, que muestre con claridad a la población, que se trata de un esfuerzo dirigido hacia el bien común de la sociedad.

También es indudable la necesidad de impulsar, no sólo desde la gestión de las relaciones internacionales, sino desde las diversas instancias estatales involucradas, a nivel regional y global, respuestas innovadoras, más efectivas que las que se han aplicado en los últimos 40 años, para evitar este problema que, básicamente, surge por la dinámica de la demanda. Hay medidas que ya se han aplicado en unos países y que cabría examinar de forma más seria, eso significa un posicionamiento internacional y una política activa en los organismos regionales, en las Naciones Unidas y en otras instancias que manejan estos temas.