Juez no ordena prisión preventiva para ningún procesado por chats de Sebastián Yunda

viernes, septiembre 3, 2021

El juez con competencia en delitos flagrantes de Pichincha Miguel Narváez ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva, a todos los detenidos, entre la madrugada y mañana del jueves último, pese al pedido de la Fiscalía

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Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los detenidos, entre la madrugada y mañana del jueves último, como parte de una investigación que se desprende de la información ubicada en un teléfono celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el juez con competencia en delitos flagrantes de Pichincha Miguel Narváez ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva.

La decisión la tomó Narváez la mañana de este viernes, luego de casi siete horas de audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita contra las seis personas detenidas. Otras dos personas que tendrían también parte en el delito que se investiga aún son buscadas por las autoridades.

En lugar de la prisión preventiva el juez Narváez dispuso que los procesados Christian H., sobrino y exasesor de Jorge Yunda; Cinthya P., exjefa de despacho del alcalde Yunda; Adrián N., gerente de la empresa pública metropolitana EMSeguridad; Pamela N., Nancy G. y el ciudadano chino Wang Y. cumplan las medidas de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.

Solo Cinthya P., Pamela N. y Nancy G. no deberán usar el dispositivo electrónico de seguridad (grillete electrónico). También se ordenó para todos a los que se les formularon cargos la inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.

Un juez de Pichincha, el miércoles último, dio paso a los pedidos para 19 allanamientos y detención de ocho personas que solicitó la Fiscalía como parte de un acto urgente de lo que era a ese momento una investigación previa por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

Cerca de las 04:00 de este viernes arrancó la audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en la Unidad de Flagrancia, ubicada en el norte de Quito, contra los seis detenidos en los allanamientos realizados en Quito y Guayaquil.

La diligencia se inició luego de que Nancy G. y su esposo, Wang Y., llegaron desde Guayaquil, ciudad en la que fueron detenidos en el edificio Bellini. La audiencia fue solicitada por la fiscal de Pichincha, Mónica del Carmen Tirado.

Los allanamientos simultáneos arrancaron poco después de las 05:00 del jueves último y alcanzaron a oficinas de entidades municipales como las empresas públicas de Agua Potable (Epmaps) y de Seguridad y Convivencia (EMSeguridad). También a oficinas de la empresa Geinco y a varios domicilios relacionados con los sospechosos. Existía una orden judicial para detener a ocho personas, pero solo fueron ubicadas seis.

Los chats que habrían sido periciados y que pertenecerían, según las autoridades, al teléfono de Sebastián Yunda hablarían de posibles actos de corrupción dentro del Municipio de Quito, por ejemplo, para la adquisición de cámaras de seguridad, para la entrega de contratos de obras públicas, para la construcción de obras, para colocar y sacar personal de entidades municipales e incluso sobre la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19.

Una vez terminada la audiencia de formulación de cargos, el reparo principal que expresaron los abogados de los ahora procesados es que si la causa inició en los chats de Sebastián Yunda, la pregunta que cae por su propio pesa es por qué a él no se le ha formulado cargos por estas supuestas irregularidades vinculadas al manejo de contratos en el cabildo quiteño.

El delito de asociación ilícita, definido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla una pena de tres a cinco años.