El Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha le retiró la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, quien permanece detenido en Reino Unido. Los magistrados notificaron al abogado de Assange, Carlos Poveda, y al Ministerio de Relaciones de Exteriores de Ecuador la sentencia de primera instancia el lunes 26 de julio del 2021.
La Cancillería impulsó una demanda de lesividad, por considerar que hubo incumplimientos administrativos en la nacionalización de Assange, concretada a finales del 2017 durante la administración del expresidente Lenín Moreno y con María Fernanda Espinosa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Tribunal declaró la nulidad de la resolución con la que se le concedió la naturalización.
Poveda, desde su cuenta de Twitter, cuestionó la audiencia oral efectuada la semana anterior. “20 minutos para decidir y leer una sentencia previamente realizada, anulando naturalización de J. Assange, sin que se molesten en valorar medios probatorios o ponderar validez”, publicó.
El jurista explicó que primero solicitarán el recurso de ampliación y aclaración, por considerar que supuestamente se vulneró el derecho a la defensa de Assange. El activista australiano no participó en la audiencia oral.
Poveda, en declaraciones a medios internacionales, aseguró que se trata de una sentencia de primera instancia. La defensa también baraja la opción del recurso extraordinario de casación ante la Corte Nacional de Justicia.
Assange permaneció aproximadamente siete años en la embajada de Ecuador en Londres, con el estatus de asilado. En el 2019, el Gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo diplomático por “violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”, permitiendo así que Scotland Yard lo detuviera.
En enero del 2021 la justicia de Reino Unido rechazó el pedido de extradición impulsado por Estados Unidos, por publicar millones de documentos que involucraban a la seguridad nacional de ese país.
El activista australiano actualmente cumple una condena de 50 semanas de prisión por haber violado su libertad condicional, cuando en el 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia, por acusaciones de una supuesta agresión sexual y violación que posteriormente fueron archivadas.
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