Una pareja está detenida por los atentados con explosivos en El Triunfo
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra una pareja por el presunto delito de terrorismo, pues habrían participado en las detonaciones de artefactos explosivos en las instalaciones de la Fiscalía y de la Policía en el cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas, hecho ocurrido la madrugada del miércoles 10 de marzo.
El juez de Garantías Penales Iván Naranjo acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del ciudadano venezolano Kevin Alexander C. R. y de Evelyn P. R., su conviviente; además de la prohibición de enajenar bienes inmuebles y la retención de valores en cuentas bancarias y entes financieros.
En la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Unidad Judicial Multicompetente de ese cantón, el fiscal Darwin Muñoz presentó como pruebas el parte de detención, los teléfonos celulares de los procesados, las imágenes de las cámaras de seguridad privadas y del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, un arma de fuego, una bicicleta en la que se habría trasladado uno de los procesados, una motocicleta robada, entre otras evidencias que fueron ingresadas bajo cadena de custodia a la Policía Judicial.
La detonación en las instalaciones de la Policía dejó un agente herido, quien se encontraba próximo al lugar de la explosión, mientras que las instalaciones de la Fiscalía sufrieron daños en paredes, ventanales, tumbado, muebles, escritorios y puertas de ingreso.
La Fiscalía, junto a la Policía Judicial, recabaron los primeros indicios y realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos.
Evelyn P. R. fue detenida la tarde del jueves. Al parecer en su teléfono celular tenía registradas llamadas desde la cárcel de Turi, en Cuenca, horas antes de que se efectuaran las explosiones. Mientras que Kevin Alexander C. R. fue detenido cerca de la medianoche, en un hostal ubicado en la vía El Triunfo-Bucay, en la cooperativa de vivienda La Carmela.
El delito de terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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