El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, sentenció en grado de autor a 50 meses de cárcel al exlegislador por Manabí, Daniel Mendoza por delincuencia organizada, un caso relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales.
El juez dispuso, como reparación integral a la víctima (el Estado), el pago de $8 millones, que se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa.
Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, argumentó que los procesados, de forma permanente, planificaban y dirigían actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito y la utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita.
Esta estructura se encontraba debidamente organizada, a través de la distribución de roles determinados. Los líderes de la organización, desde la Asamblea, gestionaban cargos en varias instituciones públicas. Además, designaban a miembros de la estructura en puestos directivos y en comisiones técnicas para la adjudicación de contratos a las empresas cuyos representantes formaban parte de la organización, entre ellos, el contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales, por un monto aproximado de $16, suscrito con el Consorcio Pedernales.
Mendoza, según la Fiscalía, tuvo un nivel de pertinencia y el rol jerárquico dentro de una organización que se formó para desviar dineros entregados como anticipo al Consorcio Pedernales-Manabí para el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, según la sentencia.
La defensa del exlegislador, mediante su abogada, pidió acogerse al procedimiento abreviado al recordar que mantenía firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, el cual fue explicado en una audiencia privada al juez.
“Valiéndose del cargo de asambleísta por Manabí (Daniel Mendoza) coordinó actividades de la organización y en ese sentido realizó acciones que tuvieron y que consiguieron contratos de obra pública en la provincia de Manabí. Tuvo el control de los rubros económicos que percibía, supervisó el CUR de pagos respecto a la suma de $8 millones que corresponden al anticipo del contrato de la obra para la construcción del hospital de Pedernales. Así se puede verificar en chats entre procesados que se encuentra materializados”, dijo Rodríguez en la sentencia.
Gabriela Moreira, defensa de Mendoza, dijo estar conforme con el porcentaje solicitado por la Fiscalía, pero no esta conforme con la valoración que ha realizado el juez de la causa.
El viernes último, la fiscal general, Diana Salazar envió al juez Rodríguez ocho petitorios de procedimiento abreviado entre los que estaba el hecho por Mendoza, por su exasesor Jean Benavides; por el exdirector del Servicio de Contratación (Secob), René Tamayo; por el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y por el ingeniero Franklin Calderón, alias “Banquero”, quien fue acusado de ser el encargado de organizar la estructura de la “organización criminal”.
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