Los carnés de discapacidad y la delincuencia organizada

El solo hecho de haber obtenido un carné de discapacidad sin necesidad ya es una ofensa al sentido común. Que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, el mismo que ha pretendido fiscalizar los actos de corrupción, haya obtenido un carné que le reconoce una discapacidad de más del ochenta por ciento ofende. ¿Para qué lo tramitó si dice que nunca se ha beneficiado de una exoneración arancelaria? ¿Para qué?

Todo el caso de los carnés de discapacidad ha saltado a la luz durante la emergencia sanitaria por un manejo doloso de la salud pública que viene de años atrás, cuando se declaraban emergencias para construir hospitales, emergencias para lo otro, emergencias para las contrataciones sin concursos ni licitaciones.

Quiénes se aprovecharon de la desgracia de la gente durante la pandemia del Covid también lo hicieron de las personas que necesitan ayudas. Miles de personas con verdadera discapacidad que deben cargar un bastón o deben andar en muletas o no tienen un brazo por tal o cual accidente ni siquiera han podido obtenerlo o lo han hecho después de decenas de trámites engorrosos. Pero ahora resulta que jueces, futbolistas, faranduleros los obtenían con absoluta facilidad para importar autos de alta gama y seguramente acceder a boletos de avión a mitad de precio o reducción en las tarifas de los servicios públicos.

La Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio por delincuencia organizado y lo mínimo que reclama la sociedad es cero impunidad. Con el dolor de la gente no se puede jugar. Y todo parece funcionar, según las denuncias presentadas, como una estructura de delincuencia organizada. La sociedad ni la justicia puede permanecer atada de manos ante hechos tan deleznables.

¿Cómo una organización como Participación Ciudadana puede pedir un pacto ético contra la corrrupción? ¿Cómo? ¿Eso no se llama cinismo?