“Lo más grave es tratar de convertir en un simil o en un caso parecido esta denuncia periodística publicada los días del fin de semana, con la gravísima estructura de corrupción continental que se destapó con el tema Odebrecht, el tema de Arroz Verde o el caso Sobornos. Creo que lo primero es decir que no podemos tratar de convertirlo en lo mismo”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo sobre las denuncias de uso de dinero de empresas públicos en la campaña de la última consulta popular a favor de Sí.
Según Romo explicó, en el caso Sobornos se ha descubierto una estructura manejada desde la Presidencia de la República, desde una asesoría del presidente de la República, con cuentas para el financiamiento de campañas a cambio de contratos. “Creo que los más grave es tratar de convertir esto en un símil porque, cosa que no es cierta, o subestima o minimiza la gravedad de las denuncias que pesan sobre gran parte del Gobierno anterior”, dijo.
Romo también aseguró que en el caso de las denuncias de casos de corrupción en el sistema de salud pública, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 2018 se pagó $128 millones a través de convenios de pago y en el 2019 $7 millones a través de esta misma figura, porque, dijo, ya estaban trabajando para controlar esos “resquicios en donde se puede dar la corrupción”.
En el caso del Servicio de Contratación de Obras (Secob) en el año 2013 se habría ejecutado $640 millones en obras; en el 2014, $509 millones; en el 2015, $397 millones; en el 2016, $490 millones; y en el año 2019, $99 millones, porque solamente cerraban obras pendientes para eliminar todos los espacios dedicados exclusivamente a contratación pública y que podrían convertirse en un problema en términos de vigilar los contratos.
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