La Contraloría entregó a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal sobre dos contratos de la Prefectura del Guayas para la compra de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. La auditoria señala que existe una diferencia no justificada de $345.020 en las contrataciones hechas durante la emergencia sanitaria.
El primer informe se desprende del análisis de la compra de 70 mil mascarillas KN-95 y cinco mil pruebas rápidas Covid-19, por $585.500. El equipo de control realizó la comparación de esta contratación con otras, publicadas en el Portal de Compras Públicas, en las que se requirieron bienes similares.
La Prefectura del Guayas, según la Contraloría, pagó $6,71 por cada mascarilla y $23,16 por cada prueba rápida, mientras el equipo de control determinó que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11,20, respectivamente. El costo total no debió́ superar los $210 mil, por lo que existe una diferencia de $259.700 con los valores del mercado.
“Para la contratación no se convocó a otros proveedores, receptando y habilitando la contratación de una empresa que no garantizó los mejores costos y calidad para la institución”. Según la Contraloría, tampoco se respetaron las disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública, aplicables a situaciones de emergencia.
Otro contrato con sobreprecio es el de los kits alimenticios, según la Contraloría. La variación resulta en una diferencia de $47 mil entre el precio del contrato y el análisis de la auditoría. El contratista aplicó el IVA a todos los productos de la canasta, aunque solo uno grava el impuesto. La diferencia entre los valores verificados y los de la contratación totalizan $85.320, por 50 mil kits de alimentos, lo que equivalente a un 23,55% de incremento, en términos porcentuales.
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