Si no se hubiera dilapidado el Fondo de ahorro petrolero el país tendría $16.000 millones para enfrentar la crisis del Covid

La Asamblea finalmente aprobó la Ley de Ordenamiento de la Finanzas Públicas y de Apoyo Humanitario enviadas por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. El primer proyecto apunta sobre todo a dar herramientas para un manejo ordenado de las cuentas fiscales.

En las finanzas públicas de un Estado lo primordial es la fijación de una disciplina y tener claro que los ingresos siempre deben tratar de superar a los egresos. En caso de no poder cerrar con ese superávit lo recomendable es tener un déficit manejable que no se convierta en estructural con el paso de los años.

La Ley económica urgente ordena al Estado a tomar en cuenta cuáles son los parámetros sobre los que debe operar en los siguientes años hasta superar la emergencia sanitaria primero. La Ley, sin embargo, no apunta solo a lo coyuntural sino a imprimir una disciplina macroeconómica fiscal que obligue a la racionalidad en el uso de los recursos públicos.

Uno de los puntos de discusión más álgidos de este proyecto giró en torno a si se quitaba o no la autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados y las entidades de la seguridad social existentes. La normativa aprobada finalmente determinó que estás instituciones no pasarán a formar parte del Presupuesto de Estado. Eso significa que mantienen la autonomía para la administración de sus propios presupuestos, siempre con el objetivo de mantener un superávit.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quedó como un ente autónomo al igual que los organismos de la Policía y las Fuerzas Armadas. El proyecto en principio pretendía que estos pasen a formar parte del sector público no financiero. Esa parte del proyecto finalmente no pasó.

En teoría existe una ley que se debería cumplir en la administración de todos los presupuestos: ingresos permanentes financian gastos permanentes. En el caso del seguro social eso es totalmente distinto por el déficit actuarial existente.

¿Cuál es el negocio de un fondo de administración de pensiones sea público o privado? Tomar el dinero de las personas y tratar de colocarlo en los mercados para tener un rendimiento: inversiones afuera o dentro del país. Lo importante es garantizar que todos los afiliados puedan tener acceso a su dinero en caso de emergencias.

Otro aspecto importante de la Ley es el techo a los ajustes presupuestarios. La normativa establece que los ingresos y los gastos se pueden modificar hasta en un cinco por ciento. Actualmente el tope es del 15 por ciento.

Eso significa que la normativa impone una disciplina a fuerza al Gobierno. Y eso va de la mano con otro tema importante, el límite de la deuda que actualmente está en el 52 por ciento, un techo insostenible. Lo ideal sería no pasar del 40 por ciento.

¿Qué significa en la práctica esto? Que ahora existe una hoja de ruta para el ordenamiento de las finanzas públicas internas y externas; es decir, el país no va a tener la capacidad de sobrepasar el endeudamiento público. En la economía familiar, cuando un hogar ve reducidos sus ingresos lo primero que ajusta son los rubros de gastos. Si el de comida, por ejemplo, llegaba al 50 por ciento ese porcentaje tendrá que ser bajar para enfrentarse a una nueva realidad. Lo mismo ocurre en las finanzas públicas.

Esta modificación exime a la seguridad social por una razón práctica. En Estados Unidos hace unos años, el gobierno de Barack Obama en algún momento ayudó a todo el mundo en esta materia, hasta que se vio en la necesidad de compensar esas ayudas con un aumento en el porcentaje de aportación. La idea es evitar que el Estado discrecionalmente pueda decidir que decirle al empleador que la retención al trabajador suba del 9,3% al 12%. Con esta normativa ningún gobierno podrá alterar ni el aporte patronal ni personal.

El proyecto también crea un Fondo de Estabilización cuyo espíritu puede ser una lección histórica para el Ecuador en general. Es una política de sanidad financiera, porque en el momento en que el Estado se obliga a guardar parte de sus ingresos para situaciones emergentes crea automáticamente una cultura de ahorro.

En la crisis financiera de 1999, cuando en la práctica mucha gente se quedó con una mano adelante y otra atrás, quienes aprendieron la lección comenzaron a guardar y ahorrar para enfrentar cualquier emergencia.

Si el país tiene un Fondo de Estabilización va a garantizar a los gobiernos recursos para cualquier emergencia futura sin necesidad de imponer nuevos impuestos. Se había calculado que si el gobierno anterior no hubiera utilizado los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera en supuestas inversiones, en estos momentos el país tendría alrededor de $16.000 millones, que habría hasta sobrado para enfrentar esta emergencia sanitaria declarada para mitigar la propagación del Covid-19.

El espíritu del Fondo es bueno porque eso significa que Ecuador quiera o no se obliga de ahora en adelante a guardar recursos para cualquier emergencia. Si el gobierno necesita invertir ese capital lo puede hacer, siempre y cuando garantice el retorno del beneficio de esa inversión junto con el capital.

En estos momentos tal vez ningún país del mundo puede estar en la capacidad de ahorrar, porque todos intentan estimular la expansión del gasto fiscal, con diferentes mecanismos, y así reactivar el consumo. Los positivo es que esta elevado a política pública y todo gobierno debe estar consciente de que en el Presupuesto del Estado siempre tendrá que incluir una asignación para un fondo emergencia ya sea con petróleo, inversiones…

Este proyecto apunta a dar estabilidad fiscal en tres puntos clave. Primero pone límite al Presupuesto; segundo, crea un Fondo que obliga al Estado a ahorrar, y tercero fija límites a la deuda externa.

Si hay un manejo adecuado del sector externo, si se hace un Presupuesto racional y aparte se mantiene un fondo de ahorro el país habrá dado el primer paso para evitar déficits estructurales en la economía.