Las familias que violaron el aislamiento obligatorio en Samborondón, por el Covid-19, pueden enfrentar de uno a tres años de cárcel

miércoles, mayo 6, 2020

La Policía continúa la búsqueda de las familias en los lugares que registraron como su residencia en Migración, que estarían ubicadas en La Puntilla y Riveras del Batán, urbanizaciones que se encuentran en la vía a Samborondón

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La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó sobre la detención de pediatra por la fuga del aislamiento preventivo obligatorio de cuatro familias luego de haber llegado al país en un vuelo humanitario. “Ayer (martes) en Guayaquil cuatro familias (14 personas) se ‘fugaron’ del aislamiento luego de 24 horas de llegar en un vuelo humanitario. La médico pediatra que firmó los certificados ha sido ya detenida y puesta a órdenes de la justicia”, escribió Romo en un tuit.

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron durante la madrugada de este miércoles un operativo de control a ciudadanos ecuatorianos provenientes del exterior, que se encontraban en aislamiento preventivo.

En un hotel que se encuentra acreditado para albergar a este tipo de viajeros, se determinó que cuatro familias habrían evadido dicho control, con la presunta asistencia del administrador del establecimiento y de una profesional de la salud. Esta última habría emitido un falso certificado a favor de los ciudadanos, para facilitar que salieran hacia sus residencias.

Los fiscales Edgar Escobar y Fabricio Neira, junto a efectivos de la Policía, procedieron a la detención de Francisco V. (administrador del hotel) y Marcela M. (médica), para trasladarlos a la Policía Judicial, tomar sus versiones y ponerlos a órdenes de las autoridades judiciales de Samborondón.

La Policía continúa la búsqueda de las familias en los lugares que registraron como su residencia en Migración, que estarían ubicadas en La Puntilla y Riveras del Batán, urbanizaciones que se encuentran en la vía a Samborondón.

El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente con pena privativa de libertad de uno a tres años.