El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) llamaron a la Secretaría Anticorrupción a respetar la independencia de la Función Judicial y sumar esfuerzos para luchar contra la corrupción de forma técnica, jurídica e institucionalizada.
Una carta firmada electrónicamente por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, sus cuatros vocales y la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, fue enviada al secretario Nacional Anticorrupción, José de la Gasca, ocho días después de que la Fiscal Diana Salazar entregara al Presidente Lenín Moreno un oficio en el que señalaba la injerencia de la Secretaría Anticorrupción en competencias de la Fiscalía General del Estado.
“El principio de separación de poderes tiene como fin último garantizar el Estado el Derecho, evitando que cualquiera de los poderes del Estado moderno adquiera excesiva primacía sobre el resto. (…) La independencia que reviste a la Función Judicial debe ser respetada con mayor severidad, pues el rol de la justicia en un Estado democrático reside en mantener el equilibrio del poder, materializando el principio de legalidad. A través de los principios y garantías reconocidos por la Constitución, la ley y el derecho supranacional, queda claro que el único camino hacia un Estado cuya base sea la institucionalidad y el acatamiento a la ley, es aquel que empieza por respetar y hacer respetar las competencias de cada servidor, órgano y función”, dice la carta.
En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, realizada el lunes último, De la Gasca aseguró que la instancia que lidera siempre ha sido respetuosa de la división de poderes y aclaró que conoce el rol de la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal pública y el rol que cumple en el proceso penal.
“Luchar contra la corrupción requiere del actuar de cada uno de los ecuatorianos, pues es un mal que afecta a todos y que detiene el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, trabajar por un fin, interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción de forma técnica, jurídica e independiente, puede ser igual de peligroso que no actuar”, dice el documento.
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