“Es oficial la convocatoria a la audiencia. Ya han pasado más de tres semanas desde la última audiencia, por eso el Tribunal consideró que es oportuno realizarla el martes 7 de abril, a las 10:00. La audiencia se realizará de forma virtual sólo para que las partes procesales escuchen la resolución”, dijo el juez Iván Saquicela a El Comercio.
Saquicela es parte del Tribunal que juzga al expresidente Rafael Correa y otros 20 procesados, entre sus más cercanos colaboradores y empresarios, por la trama de sobornos montada entre 2012 y 2016 para financiar las campañas de su movimiento político.
Luego de haber transcurrido casi un mes de la última diligencia, la Corte Nacional de Justicia notificó sobre la la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que había sido suspendida por la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en Ecuador.
Para la realización de la indicada diligencia, se habilitarán tres salas en el edificio de la Corte Nacional de Justicia y una en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, manteniendo conexión de transmisión en tiempo real de la audiencia por videoconferencia o cualesquiera otra conexión telemática; lugares en los cuales se restringirá y/o se limitará el ingreso a un número menor a 15 personas por sala.
El pasado 5 de marzo, la fiscal general Diana Salazar solicitó la pena máxima contemplada por el delito de cohecho y considerar agravantes contra el expresidente Correa, como autor mediato, y para los demás funcionarios públicos y empresarios, como autores directos.
“Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado demostró que entre los años 2012 y 2016, desde la función Ejecutiva, a cargo de Rafael Correa, en su calidad de Presidente de la República, se instauró una estructura de corrupción, ideada para receptar sobornos en beneficio de altos funcionarios públicos y de sus colaboradores más cercanos, destinados para gastos personales y del movimiento Alianza PAIS, siendo evidente que existió la entrega y recepción de dineros ilícitos con la concurrencia de varios empresarios, con lo que se demuestra el delito de cohecho”, dijo Salazar.
La diligencia judicial se desarrolló desde el 10 de febrero hasta el 6 de marzo del 2020 de manera presencial en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia y se suspendió para que el Tribunal integrado por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez deliberen y emitan su resolución.
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