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Covid-19 ¿después qué?

Pablo de la Torre Neira
Universidad Andina Simón Bolívar
martes, abril 14, 2020
Es duro hablar con claridad sin sentir un remordimiento interno, el otro Yo que llevamos dentro nos pregunta, ¿haces bien? Tratando de ser proactivo y aportar con ideas creo que es ideal y totalmente necesario crear un plan efectivo y para ello, propongo un plan integral emergente con cuatro fases para su implementación urgente
Tiempo de lectura: 5 minutos

La situación actual de la economía ecuatoriana es compleja para no usar otra palabra más fuerte y es que así de dura es la realidad. Puntualicemos sin miedo:

  • Sin fondos de ahorro;
  • Sobre endeudados con alto déficit fiscal ($10.000 M hasta fines 2020);
  • Dolarizados;
  • Rezagos de modelo de participación pública, burocracia improductiva;
  • Subsidios generalizados no focalizados;
  • Sector privado golpeado por crisis del modelo;
  • Baja productividad laboral;
  • Altos niveles de corrupción en todos los sectores;
  • Movimientos indígenas, trabajadores y profesores beligerantes con Administración de Gobierno y déficit fiscal;
  • Pandemia COVID-19 desbordo capacidad de respuesta local y permanecerá;
  • La sociedad y comunidades con desobediencia civil;
  • Actos de corrupción en emergencia de salud;
  • No hay conciencia de país y de la honestidad requerida,
  • Incredulidad con el Gobierno; y
  • Falta de creatividad para proponer acciones inmediatas y mediatas.

Les dije, es duro hablar con claridad sin sentir un remordimiento interno, el otro Yo que llevamos dentro nos pregunta, ¿haces bien? Tratando de ser proactivo y aportar con ideas creo que es ideal y totalmente necesario crear un plan efectivo y para ello, propongo un plan integral emergente con cuatro fases para su implementación urgente.

FASE INICIAL, 10 días – urgente:

  • Focalizar los recursos de forma inmediata a salud;
  • Cárcel sin atenuantes a corruptos en emergencia;
  • Negociar con organismos internacionales ayuda humanitaria y emergente;
  • Recursos focalizados a: test rápidos, pruebas efectivas, implementación de albergues para infectados, facilidades de logística, movilización y cremación de cadáveres, insumos de protección, personal médico, enfermeras, asistentes y fuerza pública, distribución de kits de alimentos y medicamentos e insumos médicos.

FASE DOS, 20 días – Acuerdo Nacional de Largo plazo:

  • ACUERDO NACIONAL DE LARGO PLAZO “Juntos con honestidad”.
  • INTEGRANTES: Gobierno Nacional (2), GADs (1), Empresarios G (1), M(1), Micro(1), Emprendedores (1), Banca (1), Academia (1 privada 1 pública), Estudiantes universitarios (1 privados 1 públicos), Indígenas (1), Mestizos (1), Afro (1), Jubilados (1), Trabajadores (1), Profesores (1) Profesionales (1), FFA (1) y PN (1). Total 21 representantes.
  • FACILITADORES: ONU (1), OEA (1), Conferencia Episcopal (1), relator Vicepresidente.
  • En una semana deberá llegar a la comisión de facilitadores un oficio notarizado* de cada entidad ratificando o nombrando su representante único.
  • OBJETIVO ÚNICO: Acuerdo nacional para superar juntos con honestidad la pandemia, recuperar la Patria, la salud, el trabajo y el bienestar social.
  • Se designará una sola Notaria para tal propósito.

FASE TRES, 30 días – Reconstruyendo las bases de un país honesto y productivo.

  • Constituir un fideicomiso nacional para gestionar los recursos de préstamo internacionales; de los ecuatorianos y los aportes del Gobierno;
  • Diseñar un plan emergente para a los primeros 30 días y para los próximos 10 años;
  • Implementar una plataforma digital para gestionar los recursos, la información, el funcionamiento, el monitoreo y el control requerido;
  • Diseñar un sistema de tarjetas electrónicas que sustituya al bono de solidaridad y sirva para el funcionamiento efectivo de los programas que se diseñen e implementen;
  • Obtener financiamiento urgente a largo plazo de los ecuatorianos honestos. Cada persona entrega los recursos en préstamo, que el GOB pagará sin intereses, con cargo al importe de los impuestos desde el año 2021 y por los 9 años siguientes.
  • Propuesta de Financiamiento de largo plazo:
    • $1.000 Millones de las 100 más grandes empresas productivas de bienes y servicios (excluida la Banca)
    • $1.000 Millones la Banca
    • $1.000 Millones del Gobierno y sus fuentes de financiamiento
    • $1.000 Millones de los jubilados del IEES a través del BIESS
    • $400 Millones de los fondos de inversión cerrados, gestionados por el IEES
    • $200 Millones de las organizaciones indígenas de los fondos de donación que reciben anualmente (pagadero por el GOB no contra impuestos)
    • $100 Millones empresarios pequeños, microempresarios y emprendedores
    • $100 Millones los profesionales de la construcción, de la salud, y de otros que no hayan aportado mediante empresas.
    • TOTAL $4.800 Millones a ser pagados durante 10 años, con cargo al impuesto a la renta de las personas naturales y/o jurídicas. En caso de no tributar el GOB pagará los valores a las entidades o ciudadanos que hayan otorgado el financiamiento.
  • Redistribuir los primero aportes hasta $1.000 millones al sector salud para equipamiento, facilidades de centros de confinamiento de infectados, insumos de higiene para la población, contratación de personal, infraestructura de logística, movilidad y cremación de cadáveres, y plataforma de registro de infectados, recuperados y/o fallecidos.

FASE CUATRO, 40 días – Creación de los bancos de apoyo al bienestar social post pandemia.

  • Nuevo sistema de apoyo social a los ciudadanos más desprotegidos, incluyendo adultos mayores, enfermos catastróficos, crónicos, covid-19 y jefa/es de hogar.
  • Son BANCOS para los ciudadanos registrados donde se entregarían raciones o kits estandarizados de alimentos, insumos médicos y vestimenta y también medicamentos específicos.
  • Las empresas productoras y comerciales entregan al BANCO parte de su volumen generado de bienes (alimentos no perecibles, medicamentos, insumos médicos y vestimenta), valorado al costo de producción (declarado) y recibirán el pago con cargo al Fideicomiso mediante el uso de la plataforma diseñada.
  • Las empresas públicas, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales también podrán entregar bienes ya sea en donación o para el pago posterior, siempre valoradas al costo de producción.

Los Bancos de alimentos, medicamentos, insumos médicos y vestimenta Bancos AMIV son organizaciones con personería jurídica mixta, privada y pública, pero con gestión privada. Entidad dirigida por una Junta privada y pública y gestionada por un representante de la parte privada. Sin embargo, cada Banco tiene un directorio privado: Banco de Alimentos-BAL, medicinas-BAM, insumos médicos-BINM y vestimenta-BAV.

Los bancos reciben recursos operativos de un fideicomiso creado para la reconstrucción de las bases de un país honesto y productivo y constituido con aportes de ecuatorianos honestos. Este fideicomiso opera con una plataforma digital, no utiliza dinero en efectivo sino tarjeta electrónica. Ésta tarjeta le facilita realizar transacciones digitales con los integrantes: empresas, ONGs, hogares y gobierno y al mismo tiempo genera un enlace entre los bancos de apoyo social, Ministerio de Finanzas y Vicepresidencia, empresas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

La administración de cada banco de rinde cuentas a Junta, Directorio y CGE.

Por otro lado la tarjeta electrónica, reemplaza al bono de solidaridad en forma y fondo. Son emitidas por los bancos de apoyo social AMIV y se entregan a proveedores y beneficiarios calificados. Todos los ciudadanos que cumpla con requisitos tienen derecho a recibir una tarjeta. Ésta tarjeta contará con una foto de ciudadano a ser beneficiado y siempre que se la use debe presentar la cédula de ciudadanía.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir quincenalmente alimentos e insumos médicos un kit por hogar registrado. Para el caso de los medicamentos y vestido, el kit se entregará mensualmente por ciudadano registrado (adulto mayor, enfermos crónicos o catastróficos).

Para evitar desactualización, robo mal uso o cualquier otra anomalía, la tarjeta se debe actualizar cada dos años y se sujeta a reemplazo por pérdida o robo, una sola vez. La segunda vez cuesta 10% SB, la tercera 40%, y a la cuarta se suspende al beneficiario.

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