La Fiscal General, Diana Salazar, pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa, nueve exfuncionarios y 10 empresarios por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012 – 2016. Además de los ocho años de prisión pidió una reparación integral para el Estado de $1.130 millones.
“La Fiscalía solicita al Tribunal la pena máxima contemplada por el delito de cohecho y considerar agravantes, para Rafael Correa, como autor mediato, al tener el control de la organización y poder absoluto sobre la estructura. Y como autores directos a Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Pamela Martínez, Laura Terán, Christian Viteri y Viviana Bonilla, quienes de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresarios, asesoraron dentro de la estructura, recaudaron, registraron los sobornos y se beneficiaron de los mismos “, dijo Salazar en el cierre de sus alegatos.
Los acusados habrían manejado una estructura criminal para cobrar sobornos a cambio de contratos, los recursos habrían financiado las actividades políticas de Alianza País durante los años 2012 – 2016. Sobre la base de las pruebas presentadas, aseguró la Fiscal, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos para el cometimiento del delito, que recaudó más de $7,5 milones, equivalente a $6,5 millones por cruce de facturas y un millón en efectivo.
#CasoSobornos 2012-2016: cada uno de los procesados en esta causa habría cumplido roles específicos dentro de la presunta estructura. ¿Cuál habría sido su modus operandi? Conócelo en el siguiente link (video) #FiscalíaEc ⬇https://t.co/kgRlPq8QZI pic.twitter.com/5DXy39LXEX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 4, 2020
“La Fiscalía demostró que se instauró una estructura de corrupción, ideada para receptar sobornos”, dijo la fiscal Salazar, durante la presentación de su alegato de cierre, en el décimo tercer día de audiencia realizada este jueves 5 de febrero.
En el caso de Yamil Massuh, las pruebas presentadas no alcanzaron para desvirtuar el principio de inocencia, por lo que no se presentó la acusación en su contra. La Fiscalía también pidió al Tribunal tomar en cuenta la información y colaboración proporcionada durante el proceso por Pedro Verduga, Pamela Martínez y Laura Terán.
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