La Procuraduria General del Estado presentó su prueba testimonial y documental en el octavo día de reinstalación de la audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016 contra el expresidente Rafael Correa y otros procesados, entre ellos sus más cercanos colaboradores. Tras esa presentación, el presidente del Tribunal anunció que la audiencia de juicio se suspende hasta el próximo miércoles 26 de febrero.
Debido a que compartió gran parte de la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría convocó a un testigo más, Vladimir Sánchez, quien informó al Tribunal sobre la modalidad de cruce de facturas. Un trabajo para el Gobierno anterior fue pagado por la empresa Metco, cuyo representante forma parte de los procesados en esta causa.
Sánchez explicó en un corto testimonio que realizó una cotización y prestó un servicio pedido en 2014 por la empresa Uma Creativa. La cotización era para realizar un guión entregado por Uma para un video sobre una sátira política contra el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
La mayor parte de abogados de los 21 procesados impugnaron la prueba documental entregada por la Procuraduria al decir que la misma no era conducente, pertinente, ni necesaria.Los abogados aseguraron que la Procuraduría no ha entregado elementos para definir una posible reparación integral.
La fiscal general Diana Salazar aseguró que la reparación integral en este caso debe ser establecida por el Tribunal de Juzgamiento en la sentencia que emita.
Una vez que terminó de presentar su prueba la Procuraduría, el presidente del Tribunal de Juzgamiento, Iván León, dio paso que lo acusados evacuen la prueba con que buscan desvirtuar las acusaciones de Fiscalía.
Francisco Pesántez, abogado de Yamil Massuh, explicó que pese a que era su obligación tener sus testigos y la documentación en la sala, él tuvo problemas para conseguirlo y solo dijo que ratificaba la inocencia de su cliente.
El Tribunal finalmente decidió suspender la audiencia hasta el próximo miércoles 26 de febrero próximo y disponer un orden para las participaciones de los abogados de los acusados por el delito de cohecho.
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