La mayoría de bancadas parlamentarias se pronunció por eliminar el Sistema de Protección Público y del Estado (guardia civil armada), que incluye la protección presidencial, en el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, preparado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.
El documento recoge cinco iniciativas presentadas por los legisladores Mae Montaño, Fernando Burbano, René Yandún, Cristina Reyes y Fernando Callejas con criterios de los ministros de Defensa e Interior, así como del Comandante de la Policía y del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Yandún, vicepresidente de la Comisión y ponente del proyecto, aseguró que la existencia de un tercer organismo de protección, conformado por personal civil, jerarquizado y adscrito al Ministerio de Gobierno es improcedente y vulnera la Constitución.
Este cuerpo de seguridad fue aprobado por el expresidente Rafael Correa.
Entre sus argumentos está que la fuerza pública tiene facultad legal, operativa y estratégica para la protección presidencial, al mencionar que en la Corte Constitucional está una demanda de inconstitucionalidad en contra del Libro III del Código de Entidades de Seguridad.
En el debate, los parlamentarios sostuvieron que dar cabida a una guardia civil armada, tipo pretoriana, constituye un peligro para la seguridad y democracia ecuatoriana.
Este cuerpo de seguridad fue defendido solo por la bancada correísta. La legisladora Paola Cabezas dijo que otros países, como Estados Unidos, tienen un modelo combinado de seguridad del Presidente, en el que intervienen militares y policías en servicio pasivo.
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