El acuerdo técnico al que Ecuador llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es como la Crónica de una muerte anunciada. ¿En qué sentido? En el sentido de que las necesidades de financiamiento de la caja fiscal eran cada vez mayores y la única forma de cuadrar las cuentas, ante la ausencia de inversión extranjera directa y el estancamiento de las exportaciones, era recurrir a nuevo endeudamiento.
La buena noticia es que este endeudamiento tiene mejores tasas de interés y un plazo mayor; es decir, mejores condiciones porque el Gobierno ya no tendrá que emitir bonos sobre los cuales deba pagar altos rendimientos, sino que son créditos directos por más de $10.000 millones que supera, lógicamente, el 8% de la brecha fiscal estimada en el Presupuesto del Estado.
Si bien el acuerdo con el FMI necesariamente va a implicar nuevas medidas de ajuste, es de esperar que el Gobierno, por la filosofía del presidente Lenín Moreno, no va a descuidar la parte social.
Y parte de esa preocupación se evidenció en al lanzamiento del Plan Prosperidad, con un bonito nombre, porque significa que tras la promesa de equilibrar las cuentas fiscales esta la necesidad de conocer a ciencia cierta cuánto se puede destinar de esos nuevos créditos al gasto social.
#EcuadorConMásProsperidad | Estas fueron las declaraciones del ministro @RichardM_A en la rueda de prensa sobre el respaldo financiero de organismos internacionales a Ecuador. ➕Prosperidad ???????? pic.twitter.com/kfume37NOq
— Economía Finanzas Ec (@FinanzasEc) 21 de febrero de 2019
Es como cuando una familia entra en una crisis por falta de ingresos, cuando sus libros vuelven a tener números azules también pueden volver a disfrutar de los paseos familiares, de más tiempo para el ocio.
El FMI, con este acuerdo, lo que hace es ofrecerle al país el dinero para que pueda salir de sus deudas, pero con la promesa de que a futuro mantendrá un equilibrio en sus ingresos y gastos en los que lógicamente se deberá incluir los desembolsos para los créditos otorgados a más cómodas tasas de interés y plazos más largos.
Sin embargo, luego de sellado el acuerdo el Gobierno todavía tiene una tarea pendiente que es refinanciar todo lo de la venta anticipada de petróleo con China. Lo que el Gobierno ha hecho ahora solo es tapar el déficit fiscal.
Los ajustes que se vienen, sin duda, son ajustes duros de ahí que los créditos que vienes atados a proyectos de obra pública deben ser muy bien seleccionados, como obras mal concebidas por la anterior administración. Por ejemplo, si está probado que las reservas de gas en el Golfo son enormes y que eso puede ser una vía para nuevas exportaciones ese plan de explotación debería ser una de las prioridades del Gobierno.
Son $6.000 millones (59% del financiamiento) que vendrán del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de la CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo, que generalmente vienen atados a proyectos.
El ministro @RichardM_A en #AER señala el alcalce del respaldo finaciero de los organismos internacionales al país. #EcuadorConMásProsperidad pic.twitter.com/MnfDFcMRAW
— Economía Finanzas Ec (@FinanzasEc) 22 de febrero de 2019
El Gobierno ahora está en la obligación de ser mucho más transparente en las cuentas. Por es como alguien que recibe una liquidación por quedarse sin empleo. La obligación de esa persona es primero es cancelar todas las deudas sean pequeñas o grandes.
Claro que todavía resta conocer las condiciones que puso el FMI para abrir las fuentes de financiamiento. Eso, sin embargo, no significa que Ecuador deba tomar medidas duras, sino unas que vayan atadas a una reducción del tamaño del Estado, al no incremento del IVA.
Si entre los planes está subir el IVA, los créditos servirán para llenar un hueco, pero con arena de gato, porque lo que hará es deprimir las ventas y eso a la larga pasa factura, porque recaudar menos por Impuesto a la Renta.
El gobierno debe apuntar a reducir el peso de la burocracia, porque bajar la nómina en un 10% en 21 empresas públicas no será suficiente. Las medidas, en ese aspecto, deberían ser mucho más fuertes, porque todos los ciudadanos de este país estamos conscientes de que estamos pagando una deuda heredada que viene de la década anterior.
El principio a seguir debería ser que los más afectados o los que más contribuyan sean los que más tienen.
El Gobierno necesita un pacto social y su mensaje debe ser que los sectores más vulnerables van a tener mayores compensaciones; es decir, gran parte de los nuevos créditos deben ir necesariamente destinados al gasto social.
Que la salud siga siendo gratuita, que el acceso a la educación superior también sea un derecho. El subsidio al gas podría ser focalizado o buscar una alternativa que no toque a los pobres y si el Gobierno quiere jugar con el IVA puede poner un IVA diferenciado como es en otros países. Incluso se podría pensar en liberar a determinados productos de consumo del IVA como desinfectantes, productos de limpieza; sería una forma de minimizar el impacto social.
En resumen, los ajustes que se vienen van a ser tres básicamente: reducción de tamaño de Estado, eliminación de ciertos subsidios y el otro podría ser el incremento del IVA, pero si se apunta en esa dirección ese incremento debería venir atado a la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas o del anticipo del Impuesto a la Renta. Otra compensación puede ser que las empresas reciban un beneficio siempre y cuando mejoren las condiciones de sus empleados o la empresa que aumente su capacidad de oferta sea premiada con algún tipo de incentivo.
La economía y la forma de manejar la política nos puede ayudar para que los más vulnerables sean los que menos sufran.
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