La responsable del estallido social fue la estrategia comunicacional

Tras la derogatoria del Decreto 883 que liberaba el precio de las gasolinas extra y ecopaís, además del diésel, el escenario más inmediato al que deberá enfrentarse el Gobierno es cuadrar el Presupuesto de 2020 con la inclusión de los subsidios a los combustibles. La Pro forma, según la ley, debe estar lista entre los meses de octubre y noviembre para ser entregada a la Asamblea.

El frente económico tiene delante de sí la tarea de proponer un escenario con un déficit fiscal manejable. Por el momento, es prioritario conocer cómo va a cuadrar las cuentas.

El Gobierno, sin duda, enfrenta un escenario político y económico bastante complejo, porque sería un absurdo pensar en atraer inversión extranjera directa con la crisis generada tras 12 días de manifestaciones violentas. Ningún inversionista querrá arriesgar sus capitales en un Ecuador sin seguridad jurídica. Cualquier empresario siempre podrá sospechar que su fábrica podría cerrar sus puertas de la noche a la mañana.

Con el panorama actual, la única alternativa real para cubrir el hueco abierto con la marcha atrás en el tema de la derogatoria de los subsidios será la emisión de más deuda, pero hasta para eso necesita bajar el Riesgo País disparado por las manifestaciones de transportistas, indígenas y sindicalistas.

El presidente Lenín Moreno deberá enfrentar en sus últimos dos años de mandato una coyuntura bastante especial porque la única manera de bajar el Riesgo País sería con una oxigenación total de su Gabinete, una señal que podría ser bien recibida sobre todo por los mercados de capitales. Necesita enviar mensajes positivos hacia afuera.

Esos mensajes no solo podrían tranquilizar al mercado, sino ayudarían a bajar el índice del Riesgo País en un escenario donde necesitará contraer nueva deuda sin cargar con altos intereses.

En las actuales circunstancias, el Gobierno está atado las manos para tomar otras medidas fiscales como una posible subida de impuestos, ni siquiera un medio punto porcentual en cualquiera de los tributos. Eso sería totalmente contraproducente en las condiciones políticas actuales.

Moreno y su equipo todavía tienen margen de maniobra en el tema de la reducción del tamaño del Estado. Es clave mantener la política de bajar la burocracia, menos empresas públicas ineficientes…, para que las necesidades de financiamiento tampoco se disparen. La única vía en estos momentos para el Gobierno será recurrir al endeudamiento externo, ya que no pudo cumplir en su totalidad uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de $10.400 millones por parte de los multilaterales.

El Fondo al parecer entendió que medidas como la de quitar de golpe y porrazo el subsidio a los combustibles puede provocar estallidos sociales. Ecuador no fue el último ni el primer país donde se producen estos desenlaces.

Lo que sí podría ocurrir es que los créditos comprometidos sean menores hasta que los multilaterales puedan constatar la existencia de políticas apuntadas a equilibrar las cuentas fiscales.

No sería, tampoco, la primera vez Ecuador intente romper un acuerdo con el Fondo. Ese es otro posible escenario, de lado y lado, porque el Gobierno podría optar por alejarse del FMI o incumplir lo acordado como ha ocurrido de forma frecuente en la historia del país.

Para intentar salvar los muebles, el Gobierno ahora ha propuesto, sobre todo al movimiento indígena, trabajar en un esquema que provoque menos impacto en la economía de las familias ecuatorianas. Una de ellas podría ser la focalización de los subsidios a los combustibles.

Una medida de este tipo debería estar anclada a los ingresos, eso significa que quien pueda pagar por un carro de alta gama también debería asumir el costo real de los combustibles, sin subsidios. Quienes deben usar el vehículo con fines comerciales como el transporte de mercadería podrían acceder a las ayudas estatales, pero no en igual proporción.

Lo único que no se debería topar son los subsidios a la transportación porque el 70 por ciento de la población ecuatoriana no tiene vehículo y depende del transporte público. Es un subsidio que no se puede tocar para no golpear la economía de los hogares.

Pero no es solo la focalización, también están las compensaciones. En el sector agrícola, por ejemplo, el Gobierno puede ofrecer preferencias para importar bienes como tractores, que no son baratos. Los tractores nuevos consumen menos combustible y permitirían a las comunidades optimizar su producción. Por ahí se pude hallar una solución, las compensaciones.

La liberación de los precios de la gasolina y el diésel era la medida ideal para sincerar la economía y bajar el déficit fiscal. Ahora estamos ante otro panorama distinto que obliga a pensar en medidas creativas y una de ellas podría ser derogar o bajar impuestos para recuperar la actividad económica.

En retrospectiva no se podría culpar al frente económico por la convulsión social generada tras la firma del Decreto 883, la principal responsable fue la estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de este tiempo. Para dictar ese tipo de medidas, en cualquier país, es necesario hacerlo dosificadamente para dimensionar su impacto. ¿Dónde están las encuestas que dan a conocer su alcance en la economía de los hogares ecuatorianos?

El equipo político y el equipo de comunicación fallaron, porque si se pregunta a un técnico económico si la derogatoria de los subsidios era lo más viable, va a responder que sí antes y después del estallido social. Pero lo viable en la realidad nunca funciona. Es como cuando los econometristas hacen su modelo, ese funciona perfectamente en el software, en el papel, en la pantalla; en la realidad la historia es otra.

Estamos a las puertas de orientar un modelo económico que nos lleve la transición para alcanzar el desarrollo económico. Y con esta lección las autoridades al menos comprendieron que si el objetivo es mover un subsidio es necesario consensuar políticamente y reducirlo gradualmente. El objetivo debería ser eliminar básicamente los subsidios más caros. La gente no entiende que el subsidio al combustible llega a $5.000 millones, un 5% del Producto Interno Bruto.

Pero también es necesario ver el lado positivo de esta última experiencia, los empresarios conocieron al menos por días la experiencia de producir sin las ayudas estatales y ahora más que nunca deben sentir la necesidad de aprender a desarrollar ventajas competitivas y abaratar costos en todas sus líneas de producción, algo que podría dinamizar las exportaciones.