En el gobierno del expresidente Rafael Correa se habría configurado e institucionalizado un sistema de corrupción público-privado altamente sofisticado, que permitió a su movimiento político AP recibir aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de adjudicación de contratos, fue la conclusión de la Comisión de Fiscalización.
La Comisión aprobó con 9 votos a favor el informe no vinculante del análisis de las publicaciones sobre el sistema de sobornos montado durante ese gobierno, con presuntos pagos indebidos de empresas privadas para financiar campañas electorales de AP.
El informe será enviado a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Servicio de Rentas Internas (SRI) y demás instancias de control, para que sirva de insumo en las investigaciones y se recomienda mejorar el intercambio de procesos de información y cooperación entre la Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La comisión desde el 18 de junio pasado analizó las publicaciones en los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, sobre sobornos y aportes a campañas electorales del 2012 al 2016, y sobre supuesto uso de recursos públicos para financiar campañas electorales.
En el informe aprobado, en el último día de plazo, sostiene que el sistema de recaudación ilegal habría operado de forma paralela al formal de AP, a fin de financiar campañas electorales específicas, así como otros rubros ajenos al que hacer propio de la organización política.
Este informe responde a la disposición del Pleno para que la Comisión realice el análisis de la publicación “Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”, del 3 de febrero de 2019, publicado en los mencionados portales digitales. La recopilación y análisis de la información relacionada con estas publicaciones, denuncia el presunto uso de fondos publicos en campañas electorales, así como de los fondos recaudados para la reconstrucción de las dos provincias afectadas por el terremoto de 2016.
La Comisión dejó constancia que los representantes legales de las empresas privadas mencionadas en los informes, la mayoría presentaron excusas en el sentido de que ya están siendo parte de un proceso de investigación llevados por la Fiscalía y/o que no son sujetos de control político por parte de la Asamblea
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