Venezuela: El Informe de Bachelet pide disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, desmantelar colectivos y liberar a los presos políticos

jueves, julio 4, 2019

El informe menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como "colectivos", y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen

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“Se sometió a detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales”. Un día antes de lo previsto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio.

En un tercer informe sobre Venezuela, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió al gobierno de Nicolás Maduro acabar con las graves vulneraciones de derechos humanos en ese país. De lo contrario, se incrementará el éxodo de venezolanos.

El informe, que el viernes presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Entre las recomendaciones se encuentra la liberación de todos los presos por razones políticas y que fueron privadas arbitrariamente de su libertad, así como a detener, condenar, castigar y prevenir “todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos”.

En el informe se exhorta a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud. Y a disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y establecer “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”.

La Alta Comisionada pide detener y prevenir la represión en las manifestaciones opositoras y que cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década es otra de las denuncias, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. Les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

El informe menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta “resistencia a la autoridad” y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

El informe indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, “son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, subraya el informe, que destaca que “quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos”.

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de “imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.