El pleno de la Asamblea Nacional dio paso al pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para el enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa; del exvicepresidente, Jorge Glas, y de la legisladora, Viviana Bonilla, por la trama de sobornos montada entre 2012 y 2016 con contratistas del Estado para financiar las campañas del movimiento político del expresidente Rafael Correa.
Esta la resolución que debate la @AsambleaEcuador,determina que es improcedente el pedido de la jueza Daniella Camacho, de que se autorice el juicio penal a los ex mandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, en el caso sobornos 2012-2016, porque ya no ejercen cargo. @eluniversocom pic.twitter.com/yH4lNsg422
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) July 31, 2019
Con 73 votos, la Asamblea primero declaró improcedente el pedido sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Bonilla y lo devolvió a la jueza, porque no es necesario un pronunciamiento del Legislativo, porque las investigaciones judiciales no corresponden al ejercicio de sus funciones.
Bonilla, Correa y Glas forman parte de la lista de personas que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, busca vincular a la instrucción fiscal por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
La Asamblea primero revisó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en relación con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que se requerirá autorización del pleno para el enjuiciamiento de un asambleísta: “… excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones”.
El pedido de Camacho responde a que Bonilla ejerce funciones como asambleísta nacional y de conformidad con el artículo 128 de la Constitución se debe pedir la autorización antes de procesarla penalmente.
El asambleísta Raúl Tello, que mocionó no aceptar el pedido de la jueza Camacho, aseguró que las investigaciones contra Bonilla no correspondían a sus funciones como legisladora.
En el siguiente punto del orden del día, la Asamblea resolvió que no tiene por qué pronunciarse sobre la vinculación de Correa y Glas, porque no ejercen ninguna función pública.
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