La excanciller María Fernanda Espinosa evitó la censura en el juicio político instaurado en la Asamblea el 5 de junio, acusada por el PSC y Creo de incumplimiento de funciones en el otorgamiento de la naturalización ecuatoriana al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y por su manejo de la crisis en la frontera norte, que derivó en el secuestro y posterior ejecución de un equipo periodístico de diario El Comercio y de una pareja de Santo Domingo, en el sector de Mataje.
La oposición votó a favor, el morenismo votó dividido y los correístas se abstuvieron. Espinosa ejerció como canciller entre el 24 de mayo de 2017 y el 11 de junio de 2018.
La Asamblea no da paso a la censura de la excanciller María Fernanda Espinosa y se cierra la sesión de la Asamblea… Lo contamos EN DIRECTOhttps://t.co/LAztylxafM pic.twitter.com/ILHzv8zV7V
— Dialoguemos (@DialoguemosINFO) 6 de junio de 2019
En la sesión instalada a las 11:00, Espinosa intervino desde Nueva York por videoconferencia, tras oír el informe presentado por la Comisión de Fiscalización, que recomendó la interpelación.
Según Espinosa, el juicio político solo fue motivado por el odio, la persecución y la revancha. “De las 2.778 hojas presentadas por los acusadores como supuestas pruebas, ninguna recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones: 711 no corresponden a mi período de gestión como canciller, 267 páginas se refieren a viajes de otro excanciller y el resto a copias simples solicitadas a Cancillería, muchas de ellas mutiladas”.
“Esto no se trata de odios, ni de revanchas, esto es una interpelación porque el país está harto”, dijo la asambleísta Cristina Reyes, una de las interpelantes que se refirió a la ausencia de la excanciller en la crisis desatada por el secuestro y posterior ejecución del equipo periodístico de El Comercio.
Espinosa defendió su actuación en la crisis de la frontera norte por la activación de todos los protocolos que le permitía a la Cancillería y aseguró que sus viajes durante ese tiempo estaban programados. También aseguró que la naturalización y posterior intento de dar estatus diplomático a Julian Assange se hizo con pleno conocimiento del Presidente de a República, que ninguna decisión fue arbitraria.
El 14 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que se recomendaba su juicio político.
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