Maternidad forzada: Ecuador es demandado ante el Comité de DDHH de ONU

Cuatro niñas- entre ellas una ecuatoriana- forzadas a ser  madres tras ser víctimas de violencia sexual, presentaron sus casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mientras ello ocurre, en Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción entregó 35 mil firmas de apoyo para la  no despenalización del aborto en la Asamblea Nacional.

Una niña de 13 años violada por un sacerdote en Nicaragua; otra  abusada sexualmente por su abuelo en la zona caribeña del mismo país; la tercera, de Guatemala, víctima de 12 años violada por un funcionario gubernamental responsable de un programa de apoyo a la niñez; y la ecuatoriana,de 12, víctima de incesto. Todas ellas fueron madres demasiado pronto sin que se les dieran opciones para abortar.

Estos cuatro casos se presentaron en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.

Los funcionarios de Naciones Unidas escucharon a las víctimas de Ecuador y Guatemala. La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron violentadas por su padre, padrastros y tíos. Hoy cuida de su hijo en una casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual.

Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace nueve fue violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la Secretaría de Bienestar Social, padre de su hijo. “Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a Ginebra.

La demanda en contra de los Estados en los que se registraron las violaciones —Guatemala, Ecuador y Nicaragua— la llevan Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la región y el Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción pretende impulsar una reforma legal.

Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados que han ratificado el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el territorio.

Las activistas de la organización han encontrado un patrón en el que se desenvuelven estos comportamientos criminales. “En estos países, el Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia sexual y les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.

Hay 26 países en el mundo que son muy restrictivos con el aborto (lo penalizan o solo lo permiten para salvar la vida de la madre). Entre los que lo castigan totalmente, seis están en América: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana.

La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar cinco estándares:

1. Obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante.

2. LLama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.

3. Pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

4. Es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales, el aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal.

5. El derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.