Ecuador vuelve a suscribir la declaración de Chapultepec después de más de una década. El último presidente ecuatoriano que la firmó fue Alfredo Palacio el 19 de marzo del 2006. Para la SIP esta puede ser una buena señal de que se promueva la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.
El expresidente Rafael Correa se negó a suscribirla. Puso como argumentos que primero los medios debían cumplir con los derechos laborales de los periodistas y cuidar que las noticias no salgan de contexto por el tema de la autorregulación.
La Declaración no se firmó pero sí se creó la Superintendencia de Comunicación (Supercom). Y hemos visto, a la largo de una década, que crear una ley -la Ley de Comunicación- y un organismo regulador como la Supercom no fue una garantía para que existan mejores contenidos. Más bien han promovido la censura y la autocensura tanto de periodistas como de ciudadanos que ejercen la opinión pública.
En realidad, hay un trasfondo que no se debate: las obligaciones laborales de los medios con los periodistas y, pese a que esto sale del ámbito de acción de Chapultepec, desde la academia – donde se forma a nuevos periodistas- nos preocupa porque los nuevos profesionales salen a un mercado laboral restringido, con pocas plazas y en condiciones precarias.
La precarización de la profesión es un riesgo latente, más ahora que el mercado laboral exige comunicadores multiplataforma: radio, video televisión y redes sociales. En este contexto también existe la amenaza de que se ejerza el periodismo sin haberse formado para ello.
En estos días, los periodistas free lance afincados en Londres, por ejemplo, protagonizaron una manifestación pública reclamando mejores condiciones laborales. Esa precariedad es desmotivante para quienes empiezan a abrirse camino en el periodismo.
La Declaración de Chapultepec, firmada en 1994, se basa en el concepto de que ninguna Ley o acto de Gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa sin importar el medio que se trate, pero quedan fuera estos detalles de los incentivos para la profesión: proyectos de investigación del largo aliento, que los periodistas no se queden con la declaración del día a día y que tampoco se vuelvan todólogos.
Actualmente, un mismo profesional debe cubrir una sesión en la Asamblea; la agenda del Ejecutivo; un tema deportivo y la especie extinta encontrada en Galápagos. Un solo periodista no tiene un conocimiento profundo de ninguno de eso temas pero tiene que cubrir todos.
Ante esa demanda del mercado, las condiciones de trabajo deben ser reconocidas: los periodistas trabajamos por una misión y esa misión es de servicio porque la información es un derecho.
La firma de la Declaración de Chapultepec por parte de Lenín Moreno es un buen paso, es una buena actitud pública del presidente para la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región, pero no es suficiente.
Ahora que la Supercom va a desaparecer, su principal, Édison Toro, junto a la Universidad Andina Simón Bolívar, acaban de presentar un proyecto de monitoreo de la calidad de los tipos de contenidos de los medios de comunicación. Según Toro, debe ser el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) el que se encargue ahora de vigilar el contenido de los medios.
Uno de los primeros resultados de ese monitoreo es que entre el 80 y el 90% son contenidos reciclados de producciones importadas que datan de hace 30 o 40 años. La mayor parte son dedicados al entretenimiento, muy poco informativo y muy poco educativo y esto va más allá de la libertad de expresión y de prensa. Tiene que ver con el rol educativo que debe cumplir un medio. ¿Cómo se entretienen a las audiencias ecuatorianas? Esa es una respuesta que deben encarar los medios de comunicación para mejorar la oferta mediática en el país.
Como vemos, hay varios temas que quedan fuera de la Declaración y que valen la pena debatir porque el escenario mediático que enfrentamos hoy en día es completamente distinto al de 1994 cuando se firmó.
Ahora, los tratados internacionales siempre son un respaldo para cualquier ley o reglamento en cada país, es un espaldarazo a nivel internacional. No obstante, Ecuador tiene una Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que no ha sido eliminada, aún falta que el Presidente se allane a las últimas modificaciones de la Asamblea.
Si bien ya no hay linchamiento mediático, mientras la LOC exista debemos regirnos a esta normativa y luego podremos reclamar derechos o amparos internacionales a través de instrumentos como la Declaración de Chapultepec.
Desde ese punto de vista, es una garantía, pero no significa que podamos volver 15 años atrás porque hay un antecedente. La LOC, por más modificaciones que tenga, ha formado a una generación de periodistas que se han acostumbrado a trabajar de esta forma y eso ha hecho que a lo largo de estos 10 años se mantenga una autocensura promovida por la Ley y por el poder.
Mi reflexión final es que no debiera existir la LOC aunque tampoco creo en la autorregulación completa e independiente de los medios de comunicación, porque los dueños y gerentes de medios históricamente no han sido periodistas.
Gracias a la intervención de las redes sociales, los periodistas están gerenciando medios digitales en los que se pueden dedicar a temas de investigación de largo aliento; sin embargo, eso no significa que sean rentables. Aún falta definir un modelo de negocio exitoso que sostenga a los medios nativos digitales.
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