El que se haya planteado la necesidad del debate sobre la Ley Orgánica de Comunicación y que ya existan cambios en firme no deja de ser alentador para los periodistas en Ecuador. Sin embargo, los cambios no se han dado con la rapidez que el caso exigía: el presidente Lenín Moreno llegó al poder hace año y medio y la transición no fue ágil.
Incluso, Andrés Michelena, quien inició con la reconversión de esta ley desde la Presidencia, dio la apariencia de que no estaba muy bien informado del contenido de la norma y de las competencias estatales frente a la LOC. Aunque finalmente hay cambios, el proceso fue muy dilatado.
Además, aún hay temas pendientes, como el de la profesionalización, por ejemplo, que realmente es una vieja discusión que no debió copar el debate. Particularmente, desde el lado académico defendemos la formación del periodista y en ningún momento vamos a estar de acuerdo en retomar discusiones obsoletas.
No obstante, el texto presenta avances. Quizá la presión fue mayor por la visita de Édison Lanza como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de otros delegados internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, de los mismos debates de la academia, más que de los propios actores de la política ecuatoriana: los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Como periodistas estamos siempre en el ojo del huracán. Siempre hay personas que quieren opinar sobre nuestra carrera; pero solo los que hemos laborado y nos hemos formado en ella sabemos que es importante la formación, la capacitación permanente y la experiencia.
Es cierto que, como en toda regla, hay excepciones y tenemos colegas que no estudiaron Periodismo, o que dejaron la carrera a medias y ya tienen 15, 20 o 30 años de trayectoria. Puede haber cierto riesgo de persecución o de censura a estos colegas porque no están titulados. Esas excepciones deben ser amparadas por la Ley.
Ahora, hay un respiro gigante por la eliminación del numeral 2 del artículo 20 de la LOC sobre la obligatoriedad de los medios de comunicación de generar mecanismos de registro de los datos personales (nombres completos, dirección, número de cédula, etc) que permitía la identificación de los ciudadanos que emiten comentarios al pie de las publicaciones.
Con respecto a la institucionalidad, es pertinente y lógico que el Consejo de Regulacion y Desarrollo de la Informacion y Comunicacion (Cordicom) se mantenga gracias a ese rediseño en sus funciones. Agrupar las iniciativas, los gremios, ofrecer capacitación y generar el debate es apropiado para esta entidad, lo que no sucedió con la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que afortunadamente fue eliminada. No olvidemos que la Supercom era, al mismo tiempo, juez y parte y el espíritu con el que se creó fue absolutamente sancionador. Esa concepción del organismo no tenía ni pies ni cabeza.
A los periodistas nos deja tranquilos el hecho de que ya no tenemos un ente regulador, no existe figura sancionatoria sobre la libertad de prensa; la valoración de la profesión y la eliminación de la figura del linchamiento mediático.
La preocupación ronda ahora por saber cómo quedan las funciones de la Supercom y cuál es el organismo responsable de ese tema: las regulaciones alrededor de artistas nacionales o que la comunicación sea considerada un servicio público, son debates que siguen pendientes. La información es un derecho de los ciudadanos y eso implica que todos debemos tener garantías para acceder a la información pública.
Hay un antes y un después de la LOC: el antes, la normativa que regía la radiodifusión y la televisión en el Ecuador y el después una historia de censura, control y autocensura. En este proceso, quienes ejercemos el periodismo y las nuevas generaciones de periodistas, debemos trabajar en cambiar ese paradigma controlador instaurado porque la Ley sigue ahí, no ha sido abolida, se han hecho reformas pero quedan dilemas por resolver.
Cuando hablo de un cambio de paradigma me refiero a que han pasado 10 años en los que el país vivió con un sistema de control de información al cual se acostumbraron muchos: para pedir una entrevista a un funcionario público, los periodistas estábamos obligados a enviar las preguntas. Cambiamos de gobierno, pero aún hoy encontramos funcionarios públicos que siguen exigiendo ese tipo de cosas.
No sabemos cuánto nos tome recobrar un círculo diferente de libertad de expresión. Ojalá no pase una década más para el cambio de cultura frente a la comunicación. Que el ciudadano entienda que no solo es un tema que tiene que ver con medios y periodistas, es una tarea pendiente de la sociedad en su conjunto.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
¡ALERTA!, la palabra HASTA, muchas veces, potencia la trampa en la aplicación de los DESCUENTOS
Entre el ruido y la contaminación: la sombra de los generadores
El desarrollo sustentable se escribe con H[1]
¿Black Friday o marketing tramposo?
Black Friday: ¿Una oferta disfrazada?