La gran lección del tema Chevron: no volver a politizar la justicia

En el derecho internacional existen alternativas a la resolución de conflictos, uno es la mediación y otro es el arbitraje; este último – a través del tribunal arbitral de la Haya- fue a la que se sometió la empresa estadounidense Chevron y el Estado ecuatoriano.

Anque solo conocemos una pequeña parte del laudo, el gobierno ecuatoriano no tuvo forma de defenderse bien en ese arbitraje de las acusaciones que Chevron sí pudo demostrar: que la justica en Ecuador careció de independencia y que esta fue utilizada para sacar beneficio en contra de la empresa. En otras palabras: el fallo responde a una justicia ecuatoriana politizada por un gobierno que, gracias a esa práctica, nos hizo perder el laudo arbitral.

La sentencia es, desde todo punto de vista, un golpe muy duro para el Ecuador; en primer lugar porque efectivamente se constató la existencia del daño ambiental que es una afectación al derecho humano que tenemos los ecuatorianos, especialmente a aquellos residentes de la Amazonía que resultaron más expuestos. En segundo lugar porque la pérdida representa, desde ya, una enorme carga económica para el país debido a la indemnización que debemos pagar a Chevron. Finalmente, aunque se deja en libertad a los afectados de emprender reclamaciones individuales, la sentencia vuelve a fojas cero la lucha de 30 años de las comunidades afectadas.

Estuve en La Haya hace dos años, encabezando una delegación de estudiantes . Al sistema de arbitraje se llega con el apoyo de todas las partes. Es decir, tanto el Estado ecuatoriano como Chevron acudieron a la par a esta instancia. En ese tribunal arbitral, tanto la compañía estadounidense como el Estado ecuatoriano tenían la obligación de defenderse para lo que contraron bufetes internacionales de abogados, no sabemos exactamente a qué costo. Si bien, el laudo es un medio pacífico de resolución de controversias que a veces evita ir a juicios internacionales que son más largos y costosos, habría que saber las motivaciones que existieron para que las autoridades ecuatorianas responsables de este proceso hayan optado por este camino.

Como acudimos por propia voluntad, el laudo es una sentencia de acatamiento obligatorio para las partes. Al Ecuador solo le resta pedir una medida de ampliación o revisión, pero usualmente las sentencias se ratifican.

Al Ecuador le queda una gran y cara lección: no volver a politizar a la justicia. No debe nunca más volver a ocurrir lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa. El mensaje no pudo haber llegado en mejor momento, ahora que en el país se quiere renovar la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, la aspiración debe ser que los convocados sean gente honesta, preparada y de honor.

Casa adentro, el otro tema pendiente es la explicación que nos deben a los ecuatorianos los exfuncionarios que estuvieron manejando el proceso, con el exprocurador Diego García a la cabeza. Ellos deben de responder algunas preguntas: ¿Por qué decidieron someterse al laudo en el Tribunal de La Haya? ¿Qué gestiones se hicieron? ¿Cuáles fueron los argumentos que se usaron para la defensa? ¿Cuánto costó? ¿Por qué se perdió el laudo? La sentencia tiene más de 500 páginas y está en inglés. Traducirla y socializarla es una tarea urgente.