La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió al Gobierno de Nicaragua poner fin a la violencia tras denunciar que la policía y las autoridades ha matado y encarcelado a personas sin someterlas a un proceso judicial y han cometido actos de tortura. Desde abril han fallecido unas 280 personas.
Un plan del presidente Daniel Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató una ola de protestas en abril. El Gobierno se retractó de la medida pero su severa respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario.
“Se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión”, dijo el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rupert Colville.
Entre las víctimas también hay 19 oficiales de la policía, dijo, y añadió que las denuncias provienen del personal de derechos humanos en terreno, en un escenario caracterizado por la ausencia del estado de derecho.
“La gran mayoría de violaciones son cometidas por el Gobierno o por elementos armados que parecen estar trabajando en coordinación con ellos”, dijo Colville. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que grupos vinculados al Gobierno de Nicaragua estaban utilizando una fuerza letal “inaceptable” contra los ciudadanos y lo instó a poder fin a la violencia.
La oficina de derechos humanos de la ONU pidió al Gobierno nicaragüense que provea información sobre dos activistas que desaparecieron desde que fueron arrestados en el aeropuerto la semana pasada y que permitan el acceso a todas las cárceles a agentes supervisión.
Los dos activistas, Medardo Mairena y Pedro Mena, fueron detenidos por la policía en el aeropuerto de Managua el viernes y las autoridades no han informado a sus familias sobre su ubicación a pesar de los pedidos emitidos mediante la justicia, sostuvo Colville.
Una ley aprobada el lunes en Nicaragua que conlleva una definición amplia de terrorismo, ha generado temor a que pueda ser utilizada contra personas simplemente por ejercer su derecho a protestar, dijo Colville.
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