El gobierno de Daniel Ortega habría usado francotiradores para reprimir las manifestaciones en su contra contra. La Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) presentó un demoledor informe tras la visita de una misión de ese organismo a Nicaragua para investigar los hechos ocurridos desde el 18 de abril, cuando el presidente Ortega ordenó una feroz represión contra los manifestantes que exigen su salida tras 11 años de Gobierno autoritario.
“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional (en Managua) y en Matagalpa (norte del país). Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe preliminar preparado por los miembros de la misión de la CIDH, que comenzó sus investigaciones el pasado jueves, liderada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua.
Aqui está nuestro pronunciamento oficial de la @CIDH con nuestras observaciones preliminares de la visita de trabajo finalizada hoy a #Nicaragua. https://t.co/vesJHAgO12
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 21 de mayo de 2018
En su informe, según El País, el organismo afirma que escuchó “centenares” de testimonios y reunió información documental y audiovisual. La represión “estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales”.
Como resultado se registran, según cifras recogidas durante su vista al país, 76 muertos y 868 heridos, “detenciones ilegales y arbitrarias”, así como prácticas de tortura y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además menciona la censura y ataque contra la prensa y “amenazas, hostigamientos y persecución” para disolver las protestas.
Las 15 recomendaciones iniciales de la @CIDH para #Nicaragua pic.twitter.com/8ll7AP7sMi
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 22 de mayo de 2018
El informe advierte sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones. La CIDH concluye que la Policía y las fuerzas antidisturbios utilizaron para la represión armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno “en forma indiscriminada, sin hacer uso de los protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza”. La Policía desató un “patrón de detenciones masivas y arbitrarias”, deteniendo a 438 personas, entre estudiantes, civiles, defensores de derechos humanos y periodistas.
“El 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. (…) En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas -dice el informe-. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores”.
Otro de los hallazgos más delicados de la investigación está relacionado con el papel que han jugado el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y otras instituciones que deberían esclarecer lo sucedido durante las protestas. La CIDH informa de que “identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes”.
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