En los próximos días, se celebrará en Perú, el VIII encuentro de Jefes de Estado con el fin de alcanzar acuerdos sobre la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Latinoamérica, al menos en los últimos años, se convirtió en terreno fértil para gobiernos populistas. En el 2008, tras la crisis económica y financiera global, que tuvo como epicentro EEUU, se abrió un nuevo capítulo para la región: el “Consenso de commodities” y las profecías optimistas sobre “prosperidad, cambios estructurales, y reducción de la pobreza” ; y, por otro lado, un nuevo colonialismo asiático.
Actualmente y en consecuencia de lo anterior, las economías latinoamericanas enfrentan cuellos de botella frente al excesivo gasto público, expansión fiscal, proteccionismo, crecimiento desmedido del aparataje estatal, intervención gubernamental, inseguridad jurídica, falta de inversión extranjera directa, y demás condiciones macroeconómicas por políticas insostenibles en el largo plazo (inflación, déficit presupuestal, etcétera). El colapso de los precios de los productos básicos, terminó con los gurús del optimismo. La realidad les recordó a los gobernantes y analistas perceptivos que la única manera de ser una nación próspera consiste en modernizar la economía, educar a la población, estimular a la innovación, reforzar la democracia, tener instituciones fuertes y aprender de las duras lecciones de la historia, sin tomar atajos.
Como se puede inferir, el panorama regional es sombrío, en muchos casos se trata de “poner la casa en orden” con un usual programa de estabilización ortodoxa, frente a enormes necesidades financieras y un imperante sistema de corrupción. En contexto, Argentina bajo la presidencia de Macri, enfrenta altos índices de inflación, condiciones laborales frágiles y brechas sociales por cerrar. Mientras que, Venezuela es un país sumido en la peor crisis humanitaria de la región, con un sistema fraudulento y autoritario que pretende perpetuar en el poder a Nicolás Maduro, razón por la que la Cancillería peruana retiró la invitación a la Cumbre de Lima.
Por otro lado, Chile tiene expectativas de crecimiento económico en el 2018, Sebastián Piñera incluyó en su plan económico austeridad “contra el despilfarro y la corrupción” al suceder a Bachelet. Mientras que Ecuador, es un país que intenta no caer en una crisis democrática y solventar con un plan económico el excesivo endeudamiento. Perú, país sede de la Cumbre, con recientes cambios en el poder político, posesionó como Presidente a Martín Vizcarra, quien asumió el mes pasado, el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de denuncias por corrupción y la controversial relación con la Constructora Odebrecht.
En cuanto a Colombia, el debate sobre las consecuencias de la premura con la que se firmó el Acuerdo de Paz, no han dado tregua sobre el conflicto armado. Además, en poco más de un mes, Colombia celebrará sus elecciones presidenciales en un clima de alta tensión, entre los candidatos más nominados, Gustavo Petro e Iván Duque . Por otra parte, Brasil con Temer en el poder, es de los casos más complejos en el región por los bajos índices de respaldo, después de la salida de Dilma Rousseff, quien fue destituida por casos de corrupción. En octubre se celebrarán las elecciones presidenciales, y la reciente prisión de Lula Da Silva marca una incertidumbre electoral en ese país.
Con respecto a México, Panamá, Cuba, Bolivia, Honduras y otros países del continente, las condiciones de ausencia y deficiencias democráticas no son distintas, junto a los escandalosos casos de corrupción. En efecto, el sistema político estropea el desempeño económico a largo plazo, por lo que es necesario un compromiso en la región, sobre cómo recuperar la democracia en medio de tensiones políticas y una coyuntura económica poco favorable.
Sobre la base de las ideas expuestas, el desafío será establecer una agenda de gestión incluyente y cooperante, de hecho, la agenda oficial de la Cumbre está relacionada con las formas de combatir la corrupción, pero la agenda no oficial, se centrará en la crisis de Venezuela, y las posiciones que tomarán los Jefes de Estado para prevenir y mitigar las consecuencias de la crisis humanitaria y tomar acciones concertadas dentro de la OEA, esto enuncian una gran cantidad de contrastes, agitaciones y disputas en América Latina.
En este sentido, los países de América Latina están en una encrucijada, sobre continuar con políticas populistas o realizar reformas profundas sobre los procesos políticos, institucionales y económicos. Por cierto, la mayor parte de países que asistirán a la Cumbre, han ratificado instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la corrupciòn, no son recientes los esfuerzos de la comunidad internacional por resolver los problemas derivados de la corrupción, los sistemas políticos y las instituciones que se han deslegitimado gracias a este problema sistémico.
Al parecer, tras las últimas experiencias de las Cumbres de las Américas, es recurrente pensar sobre los matices políticos en la región y la posible ineficacia del encuentro diplomático; no obstante, las condiciones de la región ameritan una declaración final que sea producto del consenso, en donde se reconozca que la función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno, eso se traduciría en:
• Fortalecer políticas de información transparente a través de datos abiertos.
• Fomentar la contratación pública con criterios de calidad, transparencia, trato justo y competencia.
• Establecer códigos de conducta en el sector público y privado.
• Preservar la integridad e independencia en el sistema judicial.
• Transparentar la gestión de la hacienda pública, entre otros.
Los organismos regionales deben tener entonces, una mirada a largo plazo y sin sesgos ideológicos respecto al deterioro de la democracia en nuestro continente, y la intención de instaurar un “nuevo estilo de gobierno” que busque mayor participación a través de la información, consulta, cooperación, concertación y delegación.
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