El narcoterrorismo no se acabará con la imposición de plazos

domingo, abril 22, 2018

Algunos miembros del Comité de Seguridad dan la impresión de no entender el terrorismo, menos aún sobre cómo combatirlo. Es dramático el desconocimiento de los ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, incluso ciertos grupos de la Policía Nacional.

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La sucesión de actos terroristas perpetrados desde fines de enero al norte de la provincia de Esmeraldas, con el cruel desenlace del asesinato a un equipo periodístico del diario El Comercio, pusieron en evidencia nuestra falta de preparación para enfrentar el fenómeno del terrorismo.

Durante mucho tiempo los ecuatorianos hemos pecado de ingenuos, porque aun cuando la violencia estaba cerca, ahí nomás del otro lado de la frontera con Colombia y pese a que tenemos miles de refugiados que llegaron huyendo del horror, la veíamos lejos de nuestra realidad.

Acá, la generalidad de los ciudadanos ha tenido la idea del terrorismo proyectada por algunas series y telenovelas que, si bien daban cuenta de la brutalidad de esos actos, estaban cargadas de un romanticismo edulcorado y de mucha ficción. Ahora, de pronto nos encontramos con tres periodistas asesinados, cuatro marinos muertos a causa de una explosión mientras realizaban una patrulla y dos civiles secuestrados por un grupo narcoterrorista.

Más grave aún: el improvisado manejo de la crisis ha revelado que el gobierno tiene una escasa idea de lo que es el terrorismo porque -igual que los anteriores- ha manifestado poco interés en aprender de las experiencias de otros países que han vivido o coexisten con ese azote.

Ahora toca instruirnos sobre la marcha acerca de algo que nos perjudica a todos directa e indirectamente, con la finalidad de estar preparados para enfrentar a este enemigo capaz de ejecutar los actos más atroces para infundir terror.

Pero este tipo de aprendizaje no brota de forma natural, por ello tiene que ser impulsado por quienes están llamados a velar por el bienestar de la sociedad; en otras palabras, la tarea corresponde a todas las funciones del Estado que hasta hoy no se han ocupado de esa labor. Tampoco lo han hecho los medios de comunicación. ¿Consecuencias? La sociedad se encuentra totalmente desprovista de medios para defenderse.

Si las cabezas de la Función Ejecutiva no conocen sobre terrorismo y narcoterrorismo, tienen la obligación de informarse hasta llegar a dominar el tema. Con esa premisa, el mandatario de turno tiene el deber de nombrar expertos en los cargos clave para que puedan diseñar estrategias, asesorar y manejar este tipo de situaciones.

Precisamente, en medio de la crisis que estamos atravesando, algunos miembros del Comité de Seguridad dan la impresión de no entender el terrorismo, menos aún sobre cómo combatirlo. Es dramático el desconocimiento de los ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, incluso ciertos grupos de la Policía Nacional.

El gobierno debe reconocer con humildad su falta de conocimiento en esta materia y en concordancia nombrar personas competentes en los cargos críticos, funcionarios que puedan coordinar con las otras funciones del Estado, con los gobiernos seccionales, con los medios de comunicación y otros actores sociales, programas orientados a instruir a la sociedad, para que esta, a su vez, pueda apoyar (con pleno conocimiento) los actos del gobierno en esta lucha.

Una señal importante de que ahora hay interés por comprender el fenómeno es la apertura del presidente Lenín Moreno para que el Ecuador reciba apoyo de gobiernos extranjeros como Estados Unidos, Francia, España, China y Gran Bretaña, países que han ofrecido aportar con experiencia, tecnología, manejo de inteligencia y otros insumos en la lucha contra el terrorismo. Ojalá sea el primero de otros grandes pasos encaminados a derrotar ese azote.

Para lograr el objetivo, la cooperación colombiana es trascendental en vista de su gran experiencia y conocimiento por haber vivido más de medio siglo con este tipo de violencia.

Sin restar mérito a la disposición de que el Ecuador deje de ser garante de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considero que el asunto no reviste una gran importancia porque la lucha que nos ocupa no es con grupos irregulares que intentan alcanzar el poder político, sino contra la delincuencia organizada, específicamente contra el narcoterrorismo. Por tanto, que el país deje de ser anfitrión de esas conversaciones no suma ni resta.

Lo mismo puede decirse de la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales en la lucha Contra el Crimen Organizado, anunciada por el Consejo de la Judicatura. Aunque es una resolución importante habrá que ver su efectividad, porque antes de actuar sus integrantes deberán adquirir conocimientos en materia de juzgamiento en casos de narcoterrorismo, y por ahora no existe ese tipo de conocimiento en el país, de modo que mejor habría sido capacitar previamente a los jueces y luego crear las instituciones.

Al momento corre el plazo de 10 días concedido por el presidente Lenín Moreno a sus ministros del área de seguridad para dar con alias ‘Guacho’ y sus secuaces de la columna narcoterrorista que ha matado a siete compatriotas y mantiene secuestrados a otros dos. Al ritmo que van las cosas parecería que el plazo está perdido. Pero aunque llegaran a aprehenderlo, ese mal social no terminará pronto.

El narcoterrorismo no se acabará con la imposición de plazos sino con establecer objetivos y fijar metas que se puedan cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Mientras tanto, los ciudadanos tenemos que aprender a convivir con la violencia y enfrentarla con entereza. A la par, los ciudadanos tenemos que exigir soluciones al Estado.