Un sobre endeudamiento que supera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), un elevado riesgo país, un abultado gasto corriente, la falta de reservas y, por añadidura, la presencia de una facción narcoguerrillera que secuestra y asesina en la frontera norte.
La descripción apenas constituye un esbozo del estado en que se hallan las finanzas públicas. Para tener una idea de la difícil situación, basta mencionar que a inicios de marzo de este año el riesgo país se ubicaba en 512 puntos al cabo de poco más de un mes supera los 620; una calificación que desmotiva la inversión. Todo eso coloca al país al borde de entrar en una fase de ‘terapia intensiva’ de la que puede recuperarse o sucumbir.
Ahí están las consecuencias de haber bajado artificialmente el monto de la deuda, mediante un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Rafael Correa. Así, de un plumazo, se cambió el método de cálculo para hacerla aparecer por debajo del 40% del PIB fijado como límite en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Pero la ficción se cayó, primero con el sinceramiento de las cifras realizado por el presidente Lenín Moreno, luego con el informe de Contraloría que determina indicios de responsabilidad penal -por haber ‘maquillado’ la deuda- en contra del expresidente Rafael Correa y varios miembros de su equipo económico; por último, hace pocos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue contundente al señalar que la deuda superó el techo hace tiempo: en 2016 ya ascendía al 42,8%.
Para establecer ese porcentaje, el Fondo consideró las preventas petroleras, los Certificados de Tesorería (Cetes), préstamos del Banco Central y atrasos internos que el gobierno no consideró como deuda y, por tanto, los había excluido de la contabilidad oficial.
A pesar de todas las evidencias que daban cuenta que el límite estaba sobrepasado, la actual ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, sostuvo públicamente que la deuda se mantenía por debajo del techo hasta la víspera de su reciente viaje a Washington para reunirse con el FMI. Por tanto, debe haberle caído como balde de agua fría la determinación del organismo que contradijo sus argumentos.
Desde fuera deben haber visto con extrañeza que organismos públicos de un mismo Estado, como son la Contraloría y el Ministerio de Finanzas, manejen criterios diametralmente opuestos sobre las cifras de la deuda. Un contrapunto que menoscaba la credibilidad, en este caso, de la ministra de turno que lleva poco más de un mes en el cargo.
En pocas semanas se cumplirá el primer año de gobierno de Lenín Moreno y estamos a las puertas de entrar en un nuevo proceso electoral (dignidades seccionales). En este tiempo no se ha reducido el desempleo y no se ha construido al menos la cuarta parte de las 250.000 nuevas viviendas ofrecidas hasta el término del cuatrienio.
No obstante, la funcionaria parece haber encontrado una boya que le da cierto respiro momentáneo: astutamente decidió suspender las reuniones que tenía agendadas con posibles inversores extranjeros. Pero más temprano que tarde le tocará hacerlo y ahí sabremos si un nuevo discurso logra o no convencer a los mercados internacionales. Ese será el medidor de su permanencia o salida de Finanzas.
En todo caso, lo cierto es que el Ecuador se halla sobre endeudado y eso complica las opciones para salir de la actual situación. Ya se avizora que existen muy pocas probabilidades (por no decir ninguna) de renegociar la deuda con China, asimismo se pone cuesta arriba el obtener financiamiento de organismos internacionales, tras el pronunciamiento del Fondo y el incremento del riesgo país; para colmo, no tenemos reservas.
Otro factor que torna más compleja la coyuntura es la presencia de una columna narcoterrorista en un sector del cordón fronterizo con Colombia, liderada por alias ‘Guacho’, que desde fines de enero ha realizado varios atentados que ya dejan tres periodistas asesinados, cuatro soldados muertos por causa de un atentado y dos personas secuestradas. Esto ha provocado que el gobierno de Estados Unidos sugiera a sus compatriotas no visitar la zona de conflicto (norte de Esmeraldas).
Así las cosas, en el horizonte se vislumbran pocas opciones para el gobierno. Lo más rápido sería utilizar las reservas del Banco Central o tomar algunos recursos disponibles del IESS, porque este momento no será fácil concretar la idea de la ministra de Finanzas de conseguir recursos a corto plazo, menos aún si el riesgo país continúa al alza.
Aunque si quiere salir bien librado, el gobierno debería tomar otro tipo de medidas como entrar en un programa serio de austeridad fiscal, ya que tendría que dejar de gastar por lo menos $10 mil millones al año para mejorar -en cierta forma- la situación. Otra alternativa sería presentar a la Asamblea una reforma a la Ley de Planificación de las Finanzas Públicas para subir el techo de la deuda, aunque en esa instancia el desenlace es impredecible, más aún con una legislatura que hasta hoy ha preferido ocupar su atención en otros temas.
Llegado a este punto, al gobierno no le quedará otra alternativa que doblegarse ante el FMI y acceder a ciertas exigencias porque el organismo no avalará nueva deuda sin antes imponer condiciones.
Estamos a días de cumplir el primer año de gobierno de Lenín Moreno y casi en vísperas de entrar en un nuevo proceso electoral (dignidades seccionales) donde se medirán nuevamente las distintas fuerzas políticas. En este tiempo no se ha reducido el desempleo y no se ha construido al menos la cuarta parte de las 250.000 nuevas viviendas ofrecidas hasta el término del cuatrienio. Esperemos que funcione la flexibilización laboral.
La conjunción de factores exógenos y endógenos se revuelve en un cóctel muy peligroso para la economía ecuatoriana, la cual no tendrá solución de continuar con medidas parche. Son necesarias medidas estructurales y un cambio de dirección.
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