El informe de la auditoría de la deuda pública solicitada por la Contraloría muestra la magnitud del desastre que, de una u otra manera, se ha querido oculta. Hasta el propio exministro de Finanzas del actual gobierno se habría negado a entregar la documentación sobre en qué se endeudó al país, para qué y bajo qué condiciones.
Es como la segunda parte del boom petrolero de los años setenta que atrapó a la sociedad ensimismada en el milagro ecuatoriano, léase altos precios del petróleo, pero milagro solo para algunos, porque para el conjunto de la ciudadanía terminó convirtiéndose en una pesadilla.
El gobierno de la última década, según las primeras conclusiones de la Comisión hechas públicas por Pablo Celi, hizo de todo para obtener recursos y mantener un tren de vida ostentoso, con dos aviones presidenciales, escoltas, sirenas, guardaespaldas, viajes a por los honoris causa, comitivas para Europa, viajes a Dubai… Y cuando ya el techo de endeudamiento no se podía ocultar de la nada apareció un Decreto Ejecutivo, el 1218.
El decreto dispuso que el techo de endeudamiento se fije con los estados consolidados, dejando de lado importantes obligaciones internas. Así, a fines de 2016 la deuda que bordeaba el 40% del PIB pasó al 27% en la cifras oficiales, cuando el pasivo total era de $65.750 millones, lo que representaba el 67,7% del PIB.
Todo eso sin contar con la exclusión de las preventas petroleras, la declaración unilateral de reservada y secreta de las operaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y la participación de la estatal Petroecuador como gestor de crédito. Un festín de pocos archivado como reservado y que ahora el nuevo gobierno intenta desempolvar para conocer lo que ya se sabía que nunca hubo una mesa servida. Lo que ahora se está descubriendo es quiénes son los que hipotecaron al país y a dónde se fue tanto dinero. ¿Acaso hay más casas con fajos y fajos de billetes que las autoridades no han encontrado todavía?
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