La Contraloría pide a la Corte Constitucional sancionar a las juezas que retrasaron la consulta popular

jueves, diciembre 14, 2017

Ruiz Guzmán respondió el miércoles, 13 de diciembre, que el pedido de la Contraloría será incluido en el orden del día de una sesión del pleno de la Corte Constitucional. El comunicado del titular de la Corte fue enviado con copia al presidente Lenín Moreno.

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La Contraloría General del Estado pidió al pleno de la Corte Constitucional (CC) que ejerza su función disciplinaria y sancione a las juezas Marien Segura y Tatiana Ordeñana por retrasar los informes sobre la consulta popular solicitada por e Presidente Lenín Moreno. Las dos juezas no emitieron sus informes de constitucionalidad respecto de las preguntas de referéndum y consulta popular, dentro de los 20 días que establece el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El 7 de diciembre pasado, el contralor subrogante Pablo Celi ofició al presidente de la Corte, Alfredo Ruiz, se le informe sobre las sanciones que aplicarán a las dos magistradas por no emitir sus dictámenes en el plazo establecido.

En esa comunicación se cita la aplicación de cuatro artículos legales para sancionarlas. A la Corte que le “corresponde actuar de conformidad” con el numeral 7 del artículo 191 de la ley para ejercer la función disciplinaria, cuya sanción estará en concordancia con el artículo 105, que establece sanciones administrativas por “omisión” al no haberse pronunciado en 20 días; y el 185, de la “cesación de funciones”.

Pero esta cesación se da por la finalización de funciones, o porque “cualquier persona podrá presentar al Pleno una solicitud de destitución de un juez, con fundamento exclusivo en las causales señaladas en esta Ley”.

La secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, entregó a la Contraloría el 29 de noviembre del 2017 los decretos ejecutivos 229 y 230 con los que el presidente Moreno pidió el trámite de la consulta popular y referéndum al Consejo Nacional Electoral (CNE) al no haber un pronunciamiento de las dos juezas.

El mismo 29, Moreno solicitó a la Contraloría (vía decreto) que evalúe sanciones por el retraso de la sustanciación de la causa en la Corte Constitucional, después de que sobrepasaran el período legal de 20 días que tenían para el control del cuestionario.

Celi explicó en la carta que este procedimiento no contraviene el artículo 431 de la Constitución donde se establece que los jueces de la Corte Constitucional no son sujetos de juicio político ni podrán ser removidos de su cargo por quienes los designaron.

Ruiz Guzmán respondió el miércoles, 13 de diciembre, que el pedido de la Contraloría será incluido en el orden del día de una sesión del pleno de la Corte Constitucional. El comunicado del titular de la Corte fue enviado con copia al presidente Lenín Moreno. La destitución de los jueces debe ser decidida por las dos terceras partes de sis integrantes, de acuerdo con la Constitución.