El ilegítimo referéndum secesionista celebrado en Cataluña el pasado 1.º de octubre, no ha dejado ganadores. Por un lado, afectó la imagen del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y abrió una profunda crisis de Estado. En la otra orilla, perdió la comunidad catalana, porque el proceso no ha sido reconocido por las instancias internacionales.
El Derecho Internacional define a la Sucesión de Estados como la separación de una parte del pueblo o del territorio de un país, para formar un estado independiente o para unirse a otro estado. Este objetivo persigue la consulta impulsada por las autoridades catalanas.
Empero, el referéndum es manifiestamente contrario a la Constitución española vigente desde 1978 y al Estado de derecho. Así consta en un dictamen del Tribunal Constitucional de ese país que ordenó suspender el acto, no obstante, el pronunciamiento no fue acatado. Por ello, Rajoy tuvo razón al decir que los comicios fueron una escenificación, pero no un hecho legal.
Sin duda, la embestida de las fuerzas de seguridad ordenada por el gobierno para intentar impedir las votaciones afecta la imagen del régimen, pero también queda muy mal parada la Generalitat (gobierno catalán), por cuanto la Unión Europea (UE) no reconoce la validez del referéndum, tampoco el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ni la comunidad internacional.
Además de perder una inmensa porción de territorio, una eventual separación de Cataluña propinaría un golpe al núcleo del Estado español. En tanto, Cataluña, se convertiría en un Estado aislado ya que al no ser admitido como miembro de la UE ni reconocido por Estados Unidos conllevaría el repudio del resto de naciones.
La Constitución española establece una organización territorial basada en autonomías. Quizás el arreglo deba pasar por concederle más autonomía a Cataluña, especialmente económica.
Adicionalmente, la separación causaría una serie de dificultades a la población catalana, por mencionar algunos aspectos: la nacionalidad, la generación de nuevas leyes, la realización de tratados, inconvenientes en las obras y los bienes públicos. No es fácil autoproclamar la independencia con una consulta ilegal, como equivocadamente pretende el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El nacionalismo catalán es una corriente que viene desde hace décadas y, aunque el pueblo arrastra marcadas diferencias con España, la región históricamente ha formado parte del Estado español. Desde mi punto de vista, Cataluña tendría mucho que perder en caso de llegar a separarse.
En la coyuntura, el “mano a mano” independentista introduce a España en una profunda crisis política, por lo que se torna urgente un diálogo en el que participen Gobierno y oposición, junto a todas las fuerzas políticas del país, con la mira puesta en hallar y acordar una salida.
La Constitución española establece una organización territorial basada en autonomías. Quizás el arreglo deba pasar por concederle más autonomía a Cataluña, especialmente económica. Para una negociación las partes tienen que estar dispuestas a conversar, ceder de lado y lado, y fijar acuerdos. Esto se logra con inteligencia y buena voluntad.
Hace más de un siglo, el expresidente Eloy Alfaro (1897-1901 y 1906-1911), cuando le pidieron realizar ciertas divisiones territoriales que pudieron acarrear la desmembración del Ecuador, manifestó: “yo no voy a quebrar el plato para después volver a pegarlo”. A mi modo de ver, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy se encuentra en la misma tesitura. Lo único que ha hecho es cumplir la ley.
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