El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó la convocatoria a elecciones en Cataluña el 21 de diciembre, tras asumir las competencias en esa materia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este será destituido junto a todos los miembros de su Ejecutivo en virtud del artículo 155 de la Constitución y tras la aprobación ayer en el Senado de las medidas que después rubricó el Consejo de Ministros.
Entre otras medidas adoptadas está la extinción de las llamadas embajadas en el exterior abiertas por la Generalitat —salvo la de Bruselas— y el cese de los delegados en Madrid y en la capital belga.
No se trata de “suspender la autonomía, sino de devolver la legalidad y el autobierno a Cataluña cuanto antes”, dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros que aprobó la intervención de la Generalitat de Cataluña. La convocatoria a elecciones posibilita que las medidas que adoptó el Consejo de Ministros tengan una breve duración. El Ejecutivo, además, decidió registrar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.
Junto a las elecciones, el jefe del Ejecutivo, que compareció acompañado por todos los miembros de su Gobierno, anunció la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos los consejeros, a excepción de Santi Vila, que había dimitido el día anterior.
El presidente del Gobierno anunció la desaparición de las oficinas del presidente y del vicepresidente. Las medidas se condensan en cinco decretos.
Los deseos iniciales del presidente, Mariano Rajoy, se han cumplido casi milimétricamente después de escuchar muchas opiniones. En principio, no habrá ningún órgano que coordine (a semejanza de un consejo de ministros) la tarea de control de la Administración autonómica, sino que los organismos encargados de cumplir lo acordado por el Senado serán los propios ministerios. Cada uno de ellos tiene asignada la consejería que le corresponde, aunque con algunos ajustes, ya que sus competencias no son exactamente idénticas a las de los ministerios.
“Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”, dijo el presidente durante una breve declaración tras el Consejo de Ministros. “El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que [los independentistas] están volcando sobre la convivencia”.
Todas las medidas adoptadas ayer son relevantes, pero la convocatoria de las elecciones es del máximo calado político. La fecha elegida para los comicios autonómicos, el 21 de diciembre, choca con el criterio inicial del PP, proclive a celebrar las elecciones no antes de ocho meses, citando el mes de junio como referencia.
El PP, el PSOE y Ciudadanos se enfrentan ahora al momento más difícil de su alianza constitucionalista: reaccionar sin fisuras en su unión a la declaración de independencia votada por el Parlament. El primer paso se dio ayer en el Senado y en La Moncloa. La preocupación se centra ahora en la respuesta que dé en la calle el importante sector independentista de la sociedad catalana. “Lo que ha pasado es desgarrador y angustioso, pero ahora vamos a trabajar por la tranquilidad y la esperanza de todos los catalanes”, dijo Rajoy.
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