El oficialismo da luz verde a proyecto de seguridad presidencial, que el presidente Moreno no implementará

martes, junio 13, 2017

“Quienes hablan de debilitar la institucionalidad son quienes tenían a nuestros policías durmiendo en cartones en lugar de colchones, con sueldos miserables y sin armamento”, dijo Bonilla.

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El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Con 73 votos a favor se aprobaron las objeciones que hizo el expresidente Rafael Correa, el 23 de mayo pasado. De esta forma la normativa pasara al Registro Oficial y entrará en vigencia.

Pero aunque el debate debía centrarse en las cuatro objeciones del exmandatario, los asambleístas que intervinieron en el Pleno se concentraron en el Libro 3 de la normativa, que no fue incluido en el veto del exjefe de Estado. Allí se habla de la creación de un servicio de protección público para resguardar a las autoridades como el Presidente y Vicepresidente de la República.

Doris Soliz, ponente del proyecto, aseguró que el Código garantiza la prestación de servicios de seguridad ciudadana y complementarios; además, fortalece los niveles de gestión. Se prioriza el concepto de policía preventiva, mejora la formación académica y regula el régimen de traslados. Además, se da mayor atención al servicio de medicina legal y forense. “En protección pública se trata de no desperdiciar el recurso humano formado para policías y militares y crear una unidad para que brinde seguridad a los funcionarios”, dijo.

Fueron cuatro objeciones de fondo y tres de forma. Una plantea la reducción del período de traslado de los policías, con la motivación del propio servidor o de las necesidades de la entidad. También se planteaba la formación de una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales y el veto señala que sean las universidades públicas las que ofrezcan la gama de lo que se requiere para la formación en seguridad ciudadana.

Una de las recomendaciones es potenciar el Instituto Tecnológico Superior de la Policía. “Es un código construido de forma paciente, con debate y participación de todos los actores durante seis años”, dijo Soliz.

El punto de desacuerdo está en el libro tres del Código. Según la oposición, no es posible que el libro tres quede en el congelador, pues creen que si eso sucede, cualquier otro gobierno podría hacer uso de él. “Con las recientes declaraciones del Presidente Moreno, el servicio de seguridad civil, nace prácticamente obsoleto. No solo será innecesario, por lo dicho por el Presidente, sino también inconstitucional, pues los artículos 163 y 158 de la Constitución no dan margen a que este trabajo lo haga nadie que no sea la Policía y Fuerzas Armadas”, dijo Luis Fernando Torres.

El presidente Lenín Moreno había dicho antes que para su seguridad solo confiaba en las FFAA y la Policía.

Para Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea, Ecuador es y será lo que su pueblo determine y no lo que a fuerza de repetición se quiere hacer creer. Hizo énfasis en que la historia ecuatoriana tiene episodios de violencia y citó algunos casos ocurridos en el gobierno de Febres Cordero.

“Quienes hablan de debilitar la institucionalidad son quienes tenían a nuestros policías durmiendo en cartones en lugar de colchones, con sueldos miserables y sin armamento”, dijo Bonilla.

En el Código se indica que ese grupo será conformado por civiles. Esto fue rechazado por los legisladores de oposición el 5 de mayo, cuando la normativa fue debatida por segunda vez y aprobada en el Pleno. Ahora, los legisladores opositores también criticaron eso y volvieron a decir que es una ley inconstitucional.