El pulso entre el movimiento indígena y el Gobierno tras los sucesos de San Carlos Panantza y la posterior declaración de Estado de Excepción en Morona Santiago ha subido de tono, tras la retención de 11 militares en Sarayaku, algo que ha sido calificado por el presidente Rafael Correa como un secuestro.
Este 20 de diciembre se dio una reunión entre representantes del pueblo Sarayaku, la gobernación de Pastaza, oficiales de la Brigada de Selva 17 y la organización Confeniae. Paralelamente, cientos de indígenas de Cotopaxi marcharon en Latacunga para denunciar los supuestos atropellos en la provincia de Morona Santiago, tras la militarización de la zona de Nankints.
La marcha fue para respaldar el pedido de desmilitarización del territorio Shuar, había asegurado Marlon Vargas, presidente de Confeniae. También en Quito, decenas de personas protestaron cerca de la Plaza Grande con iguales reclamos.
“Sarayaku los ha retenido para saber qué pasó, no es como dice el presidente que están secuestrados, ellos están bien, están averiguando qué ha pasado y no quieren ser parte de una nueva militarización”, dijo Patricia Gualinga, dirigente Sarayaku. Según Gualinga, cuando se entra a territorio indígena tiene que haber una previa coordinación, hay que avisar para no generar alarmas. Los 11 soldados fueron retenidos por navegar sin el permiso de los indígenas en el río Bobonaza.
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