La Universidad Andina Simón Bolívar propone observar la normativa internacional propia de la institución para elegir al rector de la institución de forma urgente. En caso de no ser aceptada esta propuesta sugiere que se aplique el mecanismo de elección de la máxima autoridad previsto en la ley del país. Esto en relación al comunicado enviando días atrás por el Consejo de Educación Superior (CES), que solicita, entre otras cosas, que se nombre a un nuevo rector de la Universidad.
“La universidad no aceptará una autoridad ilegítimamente impuesta” dijo este centro académico hoy, 1 de agosto de 2016 a través de un comunicado, en el que además señaló que “la comunidad universitaria ha deseado siempre elegir su rector, en tanto se respete su autonomía institucional”.
El comunicado plantea que “se cumpla con el acuerdo del 9 de junio en el que participaron el entonces presidente del Parlamento Andino con los rectores de la Sede Central de Bolivia y la de Ecuador, y se dé paso a la consulta a la comunidad universitaria para designar al rector, contando para ello con un Consejo Superior conformado solamente con los miembros que no han sido cuestionados, única forma en que la voluntad de la comunidad universitaria podrá ser respetada”.
La otra propuesta es “si se insiste en no observar dicho acuerdo, ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales propias de la Universidad, en esta oportunidad se implemente el mecanismo previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para la elección directa del rector y se convoque a tal proceso electoral. El Comité de Coordinación Académica de la Universidad posesionará a quien obtenga la mayoría de los votos, en evidente observancia del principio universal de democracia. Este procedimiento puede iniciar de inmediato y culminar con la elección y posesión antes del 15 de octubre de 2016”.
Asimismo indica que “el Estado ecuatoriano no ha transferido un solo centavo de los recursos que tiene la obligación de entregar a la Universidad por disposición de la Constitución y la Ley, lo que genera una grave situación presupuestaria. Hasta julio de 2016, la deuda del Estado asciende a USD 9’975.000”.
El CES garantizó los derechos de los estudiantes, quienes podrán seguir con sus actividades académicas. En ese sentido, la Universidad Andina también afirma que mantendrá su funcionamiento regular. Pues dará inicio a un nuevo año académico el 3 de octubre próximo con los alumnos antiguos y los ya admitidos para el nuevo ciclo. Sin embargo advirtió que “si el Estado no cumple con su obligación de proveer recursos económicos, las admisiones de enero de 2017 se verán en grave riesgo”.
Observe el comunicado de la Universidad Andina aquí
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