Uno de los planteamientos de la Ley reformatoria a las Leyes de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que remitió el presidente Rafael Correa al Legislativo para su trámite, dispone alargar cinco años más la permanencia en el servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
Con los mecanismos vigentes, un uniformado de cualquiera de las dos ramas de la fuerza pública puede solicitar su seguro de retiro tras haber cumplido 20 años de servicio activo y efectivo. Pero con la reforma se agregará el texto: “… Únicamente podrá solicitar la baja voluntaria de la institución para acogerse al retiro, el miembro en servicio activo que haya acreditado más de 25 años de servicio activo y efectivo en la institución, sin abonos, compra, habilitación o acrecimiento de tiempos de servicio y cumplido con los requisitos establecidos en la ley”.
Esto regiría para quienes ingresen a las dos entidades, luego de la aprobación de la reforma, según explicó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
Pero con el proyecto de reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que planteó el Gobierno, las pensiones de retiro de los uniformados no podrían sobrepasar el límite establecido en el seguro social general que actualmente es de $ 2.013.
“Se aumentarán aquellas pensiones que estén por debajo del máximo que se establece para el seguro social general, que sabemos que es de $2.013. Ese límite es hasta el cual se podrán hacer los aumentos; quienes reciban más, sus pensiones no aumentarán”, precisó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
El ministro mantuvo su primera reunión con el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en el Ministerio de Defensa, mientras que en los exteriores un grupo de militares y policías retirados pedía su renuncia, y la del presidente Rafael Correa.
En la protesta se reclamó que el texto es “inconstitucional”, porque la seguridad social de estas instituciones es concebida como un “régimen especial” por la Carta Magna. Sin embargo, Patiño aseguró que no se les está igualando a la seguridad social general porque “sería decir que no habrá ninguna pensión que pase de los $2.000 y no se está haciendo eso, se está estableciendo un criterio que sea de justicia, entendemos que sea un régimen especial, y sí se están estableciendo topes y límites, pero igualar sería decir que se cumpla con lo que dice la seguridad social obligatoria”.
El Ejecutivo propone que se tome en cuenta el “promedio de los 60 mejores haberes registrados hasta la fecha de la baja (los cinco años), multiplicado por el factor regulador”. (I)
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