Tarjetazo Nacional Permanente y Preocupante

lunes, enero 5, 2026

El Ecuador enfrenta una preocupante dependencia del endeudamiento externo que se asemeja al uso permanente de una “tarjeta de crédito nacional”. Con un déficit fiscal que supera los 4.200 millones de dólares y una deuda significativa con el FMI, el país arrastra un endeudamiento que pesa sobre cada ecuatoriano. La corrupción y la ineficiencia estatal agravan este escenario, restando recursos esenciales para salud, educación, seguridad e inversión pública. En este artículo, Wilson Araque señala que, sin correctivos estructurales, el riesgo es perpetuar el círculo vicioso de deuda, pobreza e inequidad, que exige reformas profundas y una gestión pública más ética y eficiente

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De acuerdo con las cifras del déficit fiscal -a noviembre de 2025 llegó a más de 4.200 millones de dólares- y del pago futuro de la deuda externa -solo con el FMI, a noviembre de 2025, esta asciende a 9.415 millones de dólares-, el Ecuador muestra signos contundentes de que, para mantener viva su economía, ha tenido que recurrir y, probablemente -si no hay correctivos estructurales- a seguir recurriendo, a la “tarjeta de crédito nacional” que, manejada al antojo y apuros de los gobiernos de turno, ha acumulado un saldo rojo que, para los ecuatorianos vivos y los que nacen, significa llevar sobre sus espaldas un endeudamiento per cápita continuo. Por ejemplo, solo para pagarle al FMI, cada ecuatoriano tendría que destinar alrededor de 550 dólares.

 

Lo cual, nos lleva a preguntarnos: ¿qué hacer para que, cumplidas las obligaciones anteriores, las necesidades de educación, salud, seguridad, servicios básicos, vialidad y, sobre todo, inversión pública nueva sigan operativas como medios impulsores de la dinámica del bienestar socioeconómico de todos los ecuatorianos?

 

Lo primero a realizar, aunque suene repetitivo, es atacar con fuerza a la corrupción y la ineficiencia estatal ya que, según informes últimos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ecuador pierde anualmente, por ese motivo, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) -eso en dólares, es más de 6 mil millones- incidiendo, como es de esperarse, en la falta de dinero necesario para la operación del Estado y, también, en ahuyentar las posibilidades de la activación de la inversión privada nacional y, sobre todo, extranjera que, por su potencia, podría ayudar a generar el ansiado empleo adecuado que, desde hace varios años, sigue paralizado -solo alrededor de 3 de cada 10 ecuatorianos están en esa categoría  de empleo-.

 

Regresando al ataque con fuerza a la ineficiencia y corrupción estatal, será necesario, por un lado -para mejorar la productividad gubernamental central y local-, una mejora de la forma como está organizada la estructura del Estado que, integradamente, debería estar focalizada, por ejemplo, en mejorar la selección del talento humano cuando se incorpora nuevo personal; cambiar de forma radical los procesos de funcionamiento de las organizaciones vinculadas al gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para, con ese cambio transformacional, sí entrar en un proceso fuerte de digitalización inteligente que, con un propósito de mejora sistémica, busque ahorrar costos y, además, satisfacer de forma efectiva y honrada las expectativas que tiene el ciudadano cuando realiza un trámite.

 

Este proceso de cambio organizacional, al final, también incidirá en disminuir los espacios por donde tiende a germinar con fuerza la corrupción, por ejemplo, cuando la tramitología es lenta y poco amigable se convierte en el terreno propicio para que los tramitadores -que tienden a estar dentro y fuera de las organizaciones públicas- hagan su agosto ofreciendo facilitar los procesos para que, con ello, la persona o empresas realicen su transacción de forma más rápida.

 

Pero, claro, esa supuesta bondad “eficientista” tiene un costo que, producto del pago efectuado, sirve para repartir y satisfacer el hambre codiciosa que, lamentablemente, está impregnada en el accionar de varios funcionarios públicos -en contubernio de ciertos actores privados-  que, sobre una filosofía del poco o ningún esfuerzo, buscan obtener recursos fáciles que les ayuden a satisfacer la ansiedad de tener un estatus socioeconómico que, tarde o temprano, les llevará a encontrarse en la cárcel del “Encuentro”, que, por el nombre dado, metafóricamente se irá convirtiendo en el punto de reunión de los que, por diferentes razones, han cometido delitos. Uno de ellos es esa corrupción que roba el dinero que luego le falta al Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población a la que se debe.

 

Cuando no alcanza el dinero estatal -producto de lo que se roban y/o usan de forma ineficiente-, en el corto o máximo mediano plazo, pasará un factura dura que se reflejará en el incremento de la pobreza y la escasez de oportunidades que, por la profundidad de su efecto negativo, termina aumentando el problema estructural de la inequidad socioeconómica.

 

Todo esto porque, por la ausencia de recursos, el Estado se verá obligado a entrar en una especie de círculo vicioso que, de acuerdo con la historia reciente, ha llevado al Ecuador a vivir en un escenario en donde, por los déficits fiscales continuos acumulados, se ha tenido que utilizar, de forma indiscriminada, la “tarjeta de crédito nacional” que, como cualquier tarjeta de crédito, después hay que pagar lo recibido y, con ello, el círculo se vuelve interminable: endeudarse, pagar lo recibido, volver a endeudarse para salir del apuro, nuevamente pagar lo recibido y, con ello, el cuento sigue sin llegar a un final inmediato. Entonces, el gran afectado es el pueblo que, lleno de necesidades, siente que el Estado no responde de forma eficiente y ética a la demanda de servicios pro bienestar que le puedan conducir a un futuro mejor.

 

Finalmente, haciendo un llamado a la actitud mental positiva (AMP) resumida en que #UnEcuadorMejorSíEsPosible, hay que esperar que, quienes ahora están dirigiendo los destinos nacionales, reflexionen, corrijan y actúen en beneficio de los 18 y más millones de ecuatorianos que, a pretexto del inicio de 2026, están a la expectativa de ver cómo el gobierno actual -con el aprendizaje acumulado en 2 años y más de gestión- es capaz de fortalecer su equipo gubernamental, dialogar más con la población y, sobre todo, ajustar las políticas públicas a lo que realmente ocurre en territorio, independientemente de si se logró o no el cambio constitucional que esperaba alcanzar en la última Consulta Popular y Referéndum de noviembre de 2025.