El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, según informó la Fiscalía General de la Nación. En un fallo que ha generado polarización política, el exmandatario fue absuelto de un tercer cargo relacionado con manipulación de pruebas, pero se confirmó su implicación en los otros dos procesos judiciales.
Los sectores cercanos al petrismo celebraron la decisión como una reivindicación del sistema judicial, mientras que figuras del uribismo denunciaron una persecución política. Desde Washington, el senador estadounidense Marco Rubio se pronunció a favor de Uribe, señalando que “su único delito ha sido defender la patria” y cuestionando la imparcialidad del sistema judicial colombiano. El Departamento de Estado, por su parte, expresó preocupación por la “politización de la justicia” en Colombia, aunque sin tomar una postura directa sobre el caso.
La condena de Uribe marca un hito en la historia reciente del país, al tratarse del primer expresidente colombiano juzgado por cargos penales. El proceso ha puesto nuevamente en debate la independencia de las instituciones y el poder de los sectores políticos dominantes en Colombia.
Relevancia para Ecuador:
Ecuador observa con atención el caso Uribe, dado su impacto en la región y el precedente que marca en materia de justicia frente a figuras de alto poder político. La cercanía histórica de sectores del uribismo con el anticorreísmo ecuatoriano y la polarización que genera este caso ofrecen paralelismos con situaciones locales.
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