Unos 190 presos políticos en Venezuela fueron trasladados de forma arbitraria desde el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, hasta la cárcel de Tocorón, en Aragua, ubicada a más de 100 kilómetros de distancia.
El traslado, realizado sin previo aviso a los familiares, fue denunciado este jueves por las organizaciones no gubernamentales Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia, Encuentro y Perdón.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, a través de la red social X, informó que las madres de los detenidos están “muy angustiadas” debido a la falta de notificación oficial sobre el traslado.
Según esta ONG, los manifestantes fueron detenidos en los estados Anzoátegui, Miranda y Portuguesa, en el contexto de las protestas posteriores a las fraudulentas elecciones presidenciales de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de escrutinio.
La organización también destacó que muchas de las familias afectadas enfrentan dificultades económicas, lo que les imposibilita costear los gastos de transporte para visitar a sus allegados en la nueva ubicación.
“La pobreza de estas madres, que ya manifestaban el sacrificio que significaba llegar a Yare III, les impide trasladarse a Tocorón”, señaló el comité, que exigió la “libertad inmediata” de las personas acusadas, calificando de arbitrarias las imputaciones de terrorismo. “Ninguno es terrorista, todos son inocentes”, aseguraron.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón condenó el traslado sin notificación previa, subrayando que esta acción vulnera la normativa legal.
“Es inaceptable que no se haya informado sobre estos traslados, especialmente cuando muchas de estas madres y esposas hacen enormes sacrificios para visitar a sus hijos, siendo personas de escasos recursos”, señaló la organización en un comunicado.
Según cifras de la Fiscalía chavista, más de 2.400 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones, acusadas de “violencia”, “vandalismo” y “terrorismo”. De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el viernes pasado, en Venezuela hay 1.903 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, afirmó que la situación de los detenidos sigue siendo crítica, a pesar de las recientes excarcelaciones.
Familiares le pidieron a la Iglesia católica que interceda para la liberación de las personas
Familiares de los detenidos participaron este jueves en una misa y vigilia en Caracas, solicitando a la Iglesia católica que interceda para lograr la liberación de sus allegados antes de Navidad.
“Le pido a la Iglesia que interceda también por la liberación de los presos políticos, porque es un ente que cree en la justicia”, expresó Yovanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido en el contexto postelectoral.
Los participantes a la manifestación pacífica lanzaron globos blancos al aire, encendieron velas y caminaron por las calles, clamando por la libertad de los encarcelados.
Diego Casanova, hermano de José Gregorio Pérez, detenido el 29 de julio, aseguró que la presión ejercida por los familiares impulsó medidas como la anunciada por el fiscal general impuesto por el régimen, Tarek William Saab, quien informó la liberación de 225 personas.
Casanova insistió en la inocencia de su hermano, asegurando que fue incriminado con pruebas falsas y detenido cuando regresaba del trabajo, sin haber participado en las manifestaciones. “Seguiremos insistiendo en la verdad: todos ellos son inocentes”, afirmó.
Mientras tanto, el proceso de revisión de casos ordenado por el dictador Maduro permitió solamente 165 excarcelaciones este mes, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que la mayoría de los detenidos permanece encarcelada injustamente. (EFE)
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