TCE emite destitución sobre consejeros de la ‘Liga Azul’ del Cpccs, afines al correísmo
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió sentencia en primera instancia sobre el proceso contra de los consejeros del Cpccs de la ‘Liga Azul’, afines al correísmo.
La sentencia contra dos consejeros principales y dos suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue emitida por el juez Fernando Muñoz, quien fue destituido de la Presidencia del TCE.
El 24 de junio de 2024, Santiago Becdach y Pamela Troya, excandidatos a consejeros del Cpccs presentaron una denuncia contra cuatro consejeros por el presunto cometimiento de la infracción electoral muy grave.
Los consejeros denunciados fueron: Augusto Verduga y Yadira Saltos, como principales; y
Vielka Párraga junto a Eduardo Franco Loor, como suplentes.
La denuncia se basaba en que un movimiento político auspició a estos consejeros durante su campaña.
La denuncia contenía la misma causal por la que tiempo atrás fue destituido Alemberg Vera del Cpccs.
Estos consejeros, denominados de la ‘Liga Azul’, se identificaron con el movimiento del correísmo Revolución Ciudadana, durante la campaña.
La audiencia de sustanciación se realizó el pasado 7 de agosto; allí, el juez escuchó los argumentos de las partes sobre la denuncia.
La sentencia del TCE sobre la denuncia contra los consejeros de la ‘Liga Azul’ del Cpccs
El juez Fernando Muñoz decidió aceptar la denuncia por la infracción electoral muy grave tipificada en el
numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia.
Resolvió declarar la responsabilidad de Verduga, Saltos, Loor y Párraga por el cometimiento de la infracción electoral muy grave.
En consecuencia, a los cuatro se le interpone como sanción el pago de setenta salarios, la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años.
Reacción de los denunciantes
Pamela Troya reaccionó en sus redes sociales a sentencia emitida por el juez Fernando Muñoz.
“No solo ganamos (…) sobre todo, ganó la democracia y la exigibilidad del cumplimiento de las leyes y la normativa en los procesos electorales”, señaló Troya.
Texto original de El Comercio
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