Gracias a la contundencia de pruebas presentadas por el equipo jurídico del Municipio de Quito, con relación al incendio de este jueves, en el sector del Panecillo, un juez calificó la flagrancia del caso y abrió la etapa de instrucción fiscal, la primera fase de un proceso penal, en contra de un ciudadano sospechoso de provocar el incendio. Además, dispuso, como medida cautelar, la prisión preventiva en contra del sospechoso.
El Municipio de Quito acudió a la audiencia de Flagrancia, realizada este viernes a las 08h30, y logró que el sospechoso se mantenga en prisión preventiva hasta la audiencia, que se realizará el 7 de octubre de 2024. La instrucción fiscal durará 20 días.
Durante la noche del 12 septiembre, a través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Pabel Muñoz afirmó que, autoridades y ciudadanía defenderán a Quito de los ‘criminales’ que provocan incendios y quieren destruir a la ciudad.
¿Cuáles son las sanciones por provocar incendios?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años. Asimismo, detalla que se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Sin embargo, si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, quienes lo hagan serán sancionados por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses.
Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
Además, la ciudad cuenta con la Ordenanza Metropolitana No. 075 para la gestión de incendios forestales a través de acciones de manejo integral del fuego en el Distrito Metropolitano de Quito. El tema sancionatorio está a cargo la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Según la ordenanza existen faltas leves, graves y muy graves que van desde una remuneración básica unificada hasta los USD 34.500.
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