El juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero, impuso este viernes 6 de septiembre del 2024 una multa económica a los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por no reactivar tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
La Comisión, cuya presidenta es la correísta Pamela Aguirre, tiene previsto reunirse el sábado 7 de septiembre del 2024 para tratar este tema. La reunión es en modalidad virtual y el objetivo es analizar la sentencia del magistrado.
El pasado 22 de agosto, el juez Romero falló a favor de la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso una acción de protección para que se levante el archivo de los tres juicios políticos a tres exfuncionarios del gobierno de Lasso.
Estas exautoridades son: el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.
En la resolución, el juez también dispuso que se suspenda el juicio político en curso a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que se resuelvan los procesos de fiscalización de los tres exfuncionarios.
El juez Romero impuso, este 6 de septiembre del 2024, una multa progresiva a los legisladores de la Comisión de Fiscalización por no haber ejecutado la sentencia del 22 de agosto.
El magistrado considera que la respuesta que emitió la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, sobre el cumplimiento de la sentencia fue «ambigua» y no mencionó las acciones que se emprenderán para resolver esos tres juicios políticos.
Por lo tanto, «se impone multa compulsiva y progresiva diaria equivalente al 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general. La multa se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso sin superar los límites establecidos por la ley», detalla el fallo emitido, a las 09:21, de este viernes 6 de septiembre.
Ramiro Vela, de ADN y es integrante de la Comisión de Fiscalización, dijo a Teleamazonas que tras que se reunió con sus abogados para responder por escrito a la resolución del juez.
Según Primicias, la multa podría ser reajustada o quedar sin efecto si se considera que hubo una justificación para no acatar la sentencia o si se cumple la disposición del juez.
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