Periodistas presos o con orden de captura y medios bajo amenaza en Venezuela
El periodista Ramón de Jesús Centeno Navas está preso y en juicio por la entrevista, que no se publicó, a un narco diputado de la revolución bolivariana. Por la Operación Brazalete Blanco, la periodista Sebastiana Barráez tiene orden de aprehensión, así también los comunicadores Norbey Marín y Wender Villalobos. Han salido de circulación numerosos programas de radio, emisoras y portales, el más reciente FronteraViva. Solo en marzo 2024 hubo “21 casos y 36 violaciones a la libertad de expresión”, según la ONG Espacio Público.
Hay tantos ataques a la prensa que muchos ni siquiera son visibilizados, como el que ocurrió en el barrio Santa Eduvigis, Quíbor, estado Lara, hasta donde llegó un funcionario de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) acompañado con la Guardia Nacional. “Víctor González a quien aquí llamamos Toto, es representante de la emisora comunitaria Reconciliación 93.5 FM. Los funcionarios se metieron a su casa, y estuvieron horas ahí hasta que le hicieron firmar un documento donde entregaba los equipos de la emisora, bajo amenaza de llevárselo preso. Al irse le advirtieron que no se atreviera a hacer pública la denuncia”, dijo a Infobae uno de los habitantes.
Otro vecino de Quíbor, en conversación con Infobae, dijo que “Toto siempre fue luchador social y es opositor. Un día le cerraron la emisora. González fue a Caracas y le dieron un permiso para seguir funcionando. A mediados de marzo llegó un funcionario de Conatel con dos guardias del comando de Quíbor. Se instalaron dentro de su casa, hasta las 9 de la noche, esperando una llamada telefónica a ver qué iban a hacer con él”.
“Algunos nos dimos cuenta porque casualmente era el cumpleaños de Toto y varios vecinos fueron hasta su casa con la excusa de hacer la visita. Los funcionarios, al ver que había muchas personas, se metieron en la oficina de la emisora que funciona en el segundo piso y lo amedrentaron y le redactaron un documento”.
González bajó a hablar con los vecinos que estaban en su casa y les pidió que se retiraran porque sino los guardias se lo iban a llevar preso. La gente se retiró, pero observaron que los funcionarios se llevaron todos los equipos de la emisora.
Vecinos describen a Víctor González como un artista plástico muy querido en Quíbor. “Ahí mismo da clases de pintura, en un espacio que habilitó. En el patio de su casa él diseñó una sala de cine; él mismo hizo las butacas, cosió, tapizó, serruchó la madera, hizo todo. Su cine funciona con un proyector. Esa emisora la levantó con mucho esfuerzo, años tras año y esta gente de Conatel con los guardias vino a quitársela”, finalizó diciendo uno de los quiboreños.
El informe de la ONG
En un tenso ambiente político, ante las elecciones presidenciales, el acoso contra los medios de comunicación se ha incrementado brutalmente por “la censura, el hostigamiento y la intimidación” por parte de “instituciones y funcionarios vinculados al Estado venezolano (23 de 26 en el mes) lo que confirma el patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan sus actores”, dice el reporte de la prestigiosa ONG.
Los casos reportados por Espacio Público, organización que dirige el periodista y profesor Carlos Correa, relatan que el Fiscal General designado por la extinta e ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab Halabi, informó sobre la orden de detención contra del sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, por el “delito” de “incitación al odio”.
“Saab acusó a Arciniega de ‘uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación”, supuesto delito no contemplado en las leyes venezolanas. También lo acusó de difundir “información falsa” y de pretender “causar zozobra y pánico en la comunidad”, sin aclarar cuáles mensajes causaron la acusación”, dice Espacio Público.
Sobre la detención en el estado Falcón del creador de contenidos Armando Sarmiento, perteneciente a la plataforma Brolleros, por parte de funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 11 de marzo 2024, en Coro, destaca que un tribunal de control le dictó privativa de libertad por “instigación al odio”.
“La detención se produjo luego de que se hiciera viral en redes sociales un material audiovisual considerado crítico con la gestión de Nicolás Maduro, quien en días pasados había visitado la ciudad de Coro y la comparó con Chicago, Estados Unidos”.
“La audiencia de presentación fue diferida del 14 al 15 de marzo porque la Fiscalía no tenía elementos de convicción para sostener la acusación. Aun así, el Tribunal Segundo de Control de Falcón lo condenó por “instigación al odio”, supuesto delito contemplado en la inconstitucional normativa contra el odio vigente desde 2017″.
Hostigamiento y cárcel
Un hecho que amenazó a Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG Provea, fue cuando funcionarios civiles y militares del Palacio de Justicia lo detuvieron e intimidaron el 22 de marzo, luego de grabar a efectivos militares que estaban en la entrada del tribunal penal de Caracas.
Torres es un activista y defensor de derechos humanos muy reconocido por su trabajo en apoyo de víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela.
“Los funcionarios le pidieron sus documentos de identidad y su teléfono celular. Posteriormente, comenzaron a cercarlo y cerraron los accesos del Palacio de Justicia. Torres logró llamar a otro abogado que estaba en el sitio y se colaron con un grupo grande de personas que iba saliendo”.
Otro de los casos es el del periodista y youtuber Óscar Alejandro Pérez, detenido el 31 de marzo en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el Parque Nacional Canaima.
“Tras la detención, familiares de Pérez informaron en un comunicado que había sido acusado de actividades relacionadas con “terrorismo”. El youtuber venezolano fue trasladado a la sede de la División Antiterrorismo del CICPC, en Caracas, y excarcelado al día siguiente bajo medida cautelar”.
“Horas después de su excarcelación, Oscar Alejandro Pérez detalló que supo del motivo de su aprehensión solo al momento de estar privado de libertad. Al creador de contenidos lo acusaron de terrorismo por un comentario que hizo en uno de sus videos”.
“En el material audiovisual, Pérez menciona que de caer una bomba en la Torre Credicard de Caracas, se caería todo el sistema bancario. “Fue sacado de contexto”, dijo el comunicador. Finalmente, el Tribunal determinó que ‘no habían hechos contundentes para determinarlo como un terrorista y que la acusación carecía de fundamento legal’”.
Las “conspiraciones”
Víctor Manuel Venegas Escorcha estuvo casi dos meses en manos de funcionarios del régimen venezolano desde su detención arbitraria el 17 de enero 2024, hasta que fue excarcelado “con medidas cautelares como prohibición de salida del país y régimen de presentación cada 30 días”, documenta Espacio Público.
El profesor es dirigente sindicalista en el estado Barinas y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), destacándose por la defensa de los derechos y reivindicaciones salariales de los educadores.
“Venegas fue detenido el pasado 17 de enero en el estado Barinas (suroeste) por una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía estadal de Barinas. Una hora después de conocerse la detención arbitraria de Venegas, el Ministerio Público dijo que el dirigente sindical participaba en una supuesta “conspiración”, por lo que fue presentado ante el Tribunal Segundo con materia en terrorismo”.
Espacio Público documenta que “la abogada y defensora de DD HH Richelle Briceño, fue amenazada e intimidada el 19 de marzo por la diputada del PSUV, Dilberly Rodríguez, durante una manifestación de activistas LGBTIQ+ en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas”.
“‘Te voy a explotar (agredir físicamente)’, ‘te voy a reventar’ y ‘deja que estés sola’ fueron algunas de las expresiones con las que la diputada Rodríguez atacó verbalmente y amenazó a Briceño, luego de que la activista criticara su inacción en el Parlamento ante iniciativas legales para la población LGBTIQ+”.
Sin derechos
En otra parte de su reporte, Espacio Público resalta que “durante marzo aumentaron los casos de violaciones a la libertad de expresión asociados a internet, producto de las caídas masivas del servicio en varias regiones del país asociadas a las fallas de energía eléctrica”.
Destacaron las siete fallas reseñadas por el Observatorio de Internet VE sin Filtro: 7 de marzo, bajón eléctrico que redujo la conectividad a 87% en todo el país, siendo los estados más afectados: Nueva Esparta, Lara, Sucre y Carabobo.
“El 9 de marzo, otro bajón afectó la conexión a internet en varias regiones, principalmente en los estados andinos de Trujillo, Táchira y Barinas”, aunque debe resaltarse que el problema eléctrico es muy grave en esos estados donde el suministro de electricidad se interrumpe varias veces al día y durante horas.
“El 10 de marzo, un apagón afectó al menos siete estados del país, principalmente al suroeste, en la región andina, así como Falcón, Lara y Zulia, al oeste. El 11 de marzo, una incidencia eléctrica en Táchira produjo una caída a nivel nacional del servicio de internet prestado por la empresa estatal CANTV”.
“Táchira también fue el estado más afectado por una nueva falla nacional que ocurrió el 14 de marzo. En todo el país la conectividad cayó a 91%, mientras que en la entidad andina se redujo a la mitad”, dice Espacio Público.
Texto original de Infobae
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