Instan al mundo a no detenerse hasta que Putin sea juzgado por la deportación ilegal de niños ucranianos
Amnistía Internacional (AI) instó este sábado a la comunidad internacional a que no se detenga hasta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin; y la comisionada presidencial para los derechos del niño de ese país, Maria Lvova-Belova, sean “arrestados y juzgados”.
“La comunidad internacional no debe detenerse en nada hasta que Putin y Lvova-Belova sean arrestados y juzgados”, publicó la ONG en su cuenta en X, antes Twitter, con una imagen de ambos.
El jefe de Estado y su funcionaria están señalados por los miles de niños ucranianos que fueron trasladados por la fuerza a Rusia en el marco de la invasión rusa. El traslado de niños ucranianos les valió el año pasado a Putin y a Lvova-Belova una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta “deportación ilegal” de menores.
Kiev calcula que al menos 20.000 niños ucranianos fueron enviados por la fuerza a Rusia. Sólo 400 fueron repatriados. Moscú dice que su objetivo es “proteger de los combates” a esos menores.
La reubicación de los niños evacuados se hace “a petición de estos y con su consentimiento”, afirmó Rusia en sus respuestas escritas transmitidas el año pasado al comité, y que la ONU hizo llegar a la prensa a principios de este año.
El documento no cifra el número total de niños trasladados pero asegura que “entre los evacuados también había niños de instituciones residenciales públicas para huérfanos y niños desamparados (unas 2.000 personas en total), cuyos representantes legales eran los directores o empleados de estas instituciones”.
La respuesta de Moscú indica también que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, 46.886 niños ucranianos adquirieron la nacionalidad rusa entre el 1 de abril de 2022 y mediados del año pasado.
Órdenes de arresto
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania.
El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
También emitió una orden para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova por acusaciones similares.
La CPI indicó que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crímen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.
El decreto de mayo de 2022
Vladimir Putin firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.
“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.
El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.
“Les cambian el nombre y les lavan el cerebro”, denunció Lesia Zaburanna, diputada del Parlamento ucraniano; al tiempo que consignó: “La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos”.
Texto original de Infobae
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