La Presidencia de la República a través de un comunicado informa que una investigación preliminar llevada a cabo por la nueva administración del Ministerio de energía y Minas liderada por el ministro (e) Roberto Luque dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la cartera de estado incluida la exministra Andrea robo ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético.
Estas primeras investigaciones indican que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al comité de crisis energética con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino actos inauditos de corrupción y negligencia.
Entre los aspectos más destacados se encuentran las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo de 0% en masar; y de 4% en paute. Así mismo, el caudal en la central coca-codo Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Los análisis de cenace señalan que esta situación sobrepasa récord históricos y advirtió que el déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre 22 y 27GWh por día.
En consecuencia, se presentó ante Fiscalía una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad.
Ante estos sucesos y con el firme propósito de defender a la ciudadanía de las pretensiones del crimen organizado, el gobierno del nuevo Ecuador dispuso:
El Gobierno reitera su compromiso de combatir frontalmente la corrupción, especialmente en el sector energético el cual como es de dominio público, ha sido utilizado por funcionarios de administraciones anteriores para sacar beneficios personales, dice el comunicado.
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